CDMX. Teresita Cervantes Pérez, quien en mayo de 2021 denunció ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) al presidente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, por presuntos desvíos de recursos mediante empresas fantasma durante su gestión como gobernador de Campeche (2015-2019), ha sido contratada por el Gobierno de la Ciudad de México.
Documentos oficiales revelan que Cervantes Pérez se integró a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) en el Programa Emergente de Órganos Colegiados de Honor y Justicia, bajo un contrato de 306 mil pesos dividido en pagos mensuales, firmado el 31 de diciembre de 2024.
La denuncia presentada por Cervantes Pérez, entonces estudiante de Derecho en la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM y residente de la alcaldía Iztapalapa, acusó a Moreno Cárdenas, a su sobrino Christian Mishel Castro Bello (exsecretario de Desarrollo Social y Humano de Campeche y candidato a la gubernatura por la coalición PRI-PAN-PRD en 2021) y a América del Carmen Azar Pérez (exsecretaria de Finanzas) de realizar operaciones simuladas por 59 millones de pesos.
Según la abogada, estas operaciones involucraron contratos con empresas incluidas en la “lista negra” del SAT, contemplada en el artículo 69-B del Código Fiscal Federal, las cuales carecían de activos, personal o infraestructura para cumplir con los servicios o bienes contratados.
“Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, Christian Castro Bello y América Azar Pérez realizaron actos por encima de la ley, defraudando al gobierno de Campeche y a la Hacienda Pública Federal”, afirmó Cervantes Pérez en su denuncia, señalando que las operaciones generaron beneficios económicos para los involucrados en detrimento de los habitantes de Campeche y del fisco federal.
Entre las empresas mencionadas en la acusación están Comercializadora de Prisma, Comercializadora Múltiple de Servicios y Materiales de Occidente, Comercializadora y Distribuidora Turrialba y Corporativo Eximio, todas señaladas como “fantasmas” por el SAT.
Mientras tanto, la investigación del SAT sobre las acusaciones de desvíos en Campeche sigue su curso, sin que se hayan reportado avances significativos, lo que refuerza la percepción de impunidad en torno al líder del PRI.
