CAMPECHE. La noche del 7 de septiembre, el improvisado campamento que se mantuvo durante 365 días frente al Palacio Municipal comenzó a desmontarse. Las lonas desgastadas, sillas, colchas húmedas y hasta una cama fueron recogidas por quienes ahí resistieron. Fueron 22 extrabajadores despedidos injustamente que decidieron parar la protesta, pues al fin se abrió una rendija de diálogo con la promesa de “reinstalación o pago justo”.
La decisión de levantar la protesta no fue casualidad ni claudicación, ocurrió porque, después de doce meses de indiferencia oficial, apareció un compromiso.
Según informaron los extrabajadores, autoridades municipales pactaron una audiencia para definir, uno a uno, sus casos.
“Sí se acercaron a decirnos que nos van a atender, supuestamente”, narró Heidi Arias, extrabajadora con 16 años en el área de Desarrollo Económico. “Se comprometieron a que los laudos, conforme vaya determinando la autoridad, se resuelvan de manera ágil y conforme a la ley.”
Además, detalló que Eleazar Herrera, secretario particular de la alcaldesa, se comprometió a recibirlos en días posteriores. Por primera vez, tras meses de desgaste, alguien del círculo cercano de Biby Rabelo dio la cara.
¿UN GESTO DE JUSTICIA O CÁLCULO POLÍTICO?
Aunque este avance parece un respiro de justicia para los extrabajadores, el momento no es casual. Justo cuando los manifestantes preparaban una protesta para el primer informe de la alcaldesa el 1 de octubre, llegó la promesa de atenderlos. Para muchos, este “gesto” es más bien un movimiento político de la edil para evitar que la inconformidad manchara su escenario. Los manifestantes, sin embargo, prefirieron confiar en que esta vez la palabra se cumpla. “Debido a que ya hubo un acercamiento, por primera vez, tomamos la decisión de retirarnos…
