CAMPECHE, CAMP.- El Congreso de Campeche aprobó una reforma a la Ley de Expropiaciones, vigente desde 1981, conocida como “Ley Alito”. Esta norma busca garantizar que las expropiaciones por causas de utilidad pública sean transparentes, informando a los ciudadanos afectados y asegurando indemnizaciones a valor comercial, no catastral, con plazos de hasta dos años para su pago.
El diputado Carlos Ucán explicó que la ley tiene como fin desmentir rumores y exageraciones de la oposición, asegurando que se aplicará de manera justa. Aunque no está dirigida a una persona en particular, el exgobernador y actual senador Alejandro Moreno Cárdenas, señalado por presunto enriquecimiento ilícito y manejo indebido de recursos públicos, se presenta como un caso paradigmático para ilustrar su aplicación.
“La ley no apunta a nadie en específico, pero permite actuar contra propiedades adquiridas irregularmente. Si se expropian terrenos o inmuebles obtenidos con recursos públicos de manera indebida, el proceso será justo y transparente”, afirmó Ucán. La oposición, principalmente Movimiento Ciudadano, ha acusado al gobierno de buscar despojar arbitrariamente a los ciudadanos. Ucán rechazó estas afirmaciones:
“Es un cuento. La ley solo se aplicará en casos específicos de interés público, como proyectos de infraestructura, sin afectar las viviendas de los campechanos”. El eje central de la reforma es la justicia social.
La “Ley Alito” establece que tanto ciudadanos como funcionarios están sujetos a la norma, especialmente aquellos que hayan incurrido en actos de corrupción. En el caso hipotético de Moreno Cárdenas, Ucán señaló que la ley permitiría evaluar la expropiación de propiedades adquiridas de forma cuestionable, siempre que sea para proyectos de beneficio público, garantizando equidad y transparencia.
“Si una propiedad fue obtenida irregularmente y un proyecto público lo requiere, la ley permite actuar en favor de la ciudadanía”, explicó el legislador. En resumen, la “Ley Alito” no busca venganzas ni persecuciones políticas, sino establecer que nadie está por encima de la ley.
Se presenta como una herramienta para combatir la corrupción y garantizar que los recursos públicos beneficien a la mayoría. El periodista y analista político Julio Astillero destacó que la reforma es de aplicación general y no persigue a personas específicas. Su implementación será precisa y justificada, enfocada en proyectos de interés público, sin caer en arbitrariedades. Campeche cuenta ahora con un instrumento legal que promueve la justicia y la transparencia, enviando un mensaje claro: la corrupción no quedará impune.
