CDMX – Por fin, el pueblo de Campeche respira un aire de esperanza. La reciente reforma a la Ley de Expropiaciones, aprobada por el Congreso local con el impulso de la gobernadora Layda Sansores, marca un hecho en la lucha contra los privilegios de una clase política que, por décadas, ha saqueado los recursos del estado.
Esta medida, que permite expropiar predios considerados de “utilidad pública”, no solo busca garantizar el desarrollo equitativo de la entidad, sino que apunta directamente a figuras como Alejandro “Alito” Moreno, exgobernador y actual senador, cuyas propiedades, adquiridas bajo sospechas de enriquecimiento ilícito, están ahora en la mira.
La reforma, aprobada el 2 de septiembre de 2025 con 18 votos a favor, ha desatado controversia, pero su mensaje es claro: Los tiempos de impunidad han terminado.
Mientras la oposición, liderada por el propio Moreno y el PRI, clama que la ley amenaza el patrimonio ciudadano. Sin embargo, no es casualidad que los reflectores apunten a “Alito”, quien enfrenta investigaciones por poseer 13 propiedades valuadas en cifras desproporcionadas a sus ingresos, incluyendo una mansión en Lomas de Castillo estimada en 130 millones de pesos.
Así, el pueblo campechano, cansado de la opulencia de sus exgobernantes, ve en esta reforma un acto de justicia. Las acusaciones contra Moreno, que incluyen lavado de dinero, evasión fiscal y uso de prestanombres, no son nuevas.
Desde 2022, la Fiscalía de Campeche lo investiga por enriquecimiento ilícito, y la gobernadora Sansores ha sido implacable al exponer, a través de su programa “Martes del Jaguar”, audios y pruebas que evidencian el modus operandi del priista. La reforma, aunque criticada por sus plazos cortos de defensa (cinco días) y pagos a largo plazo, es un mensaje contundente: nadie está por encima de la ley, y los bienes mal habidos deben volver al pueblo.
La ciudadanía campechana, que ha soportado el abandono de sus necesidades básicas mientras figuras como Moreno acumulan mansiones, no puede seguir esperando. Como señaló la diputada del PT, Ana María López, la reforma busca combatir el acaparamiento de tierras y garantizar el desarrollo equitativo.
