CDMX- Por años, millones de litros de combustible desaparecieron de las plataformas de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el Golfo de México, envueltos en una narrativa conveniente: piratas armados asaltaban en altamar, dejando a la empresa como víctima indefensa.
Pero la verdad, destapada por auditorías de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), es mucho más cruda: el verdadero robo se orquestó desde dentro, con embarcaciones autorizadas y bitácoras selladas, mientras los altos mandos, incluido el exdirector Octavio Romero Oropeza, miraban para otro lado o, peor aún, participaban por acción u omisión. ¿Hasta dónde llega la complicidad?
El reciente incidente del 18 de agosto de 2025 en la plataforma Akal-R del Activo Cantarell, donde un grupo armado sustrajo equipos especializados, podría parecer un robo más.
Sin embargo, el operativo conjunto de la Fiscalía General de Tabasco y la Secretaría de Marina, que capturó a dos implicados al día siguiente, apenas rasga la superficie de un escándalo mayor.
Documentos internos revelan que el saqueo no era obra de piratas externos, sino de un esquema interno: embarcaciones abastecedoras, con contratos oficiales de Pemex, cargaban combustible de más, manipulaban registros y declaraban “mermas técnicas” para encubrir un desfalco que, según la ASF, alcanzó los 3 millones de barriles en un solo año, equivalentes a 60 mil millones de pesos.
¿Dónde estaba Octavio Romero mientras este autorobo desangraba a Pemex? Como director de la empresa durante el periodo en que se normalizó este saqueo, su responsabilidad es innegable, ya sea por negligencia o por complicidad.
Las pérdidas, cubiertas con deuda pública, debilitaron la infraestructura de plataformas y ductos, creando un círculo vicioso que facilitó más robos.
Mientras el gobierno pregonaba una cruzada contra el “huachicol” en tierra firme, en el Golfo se toleraba a “huachicoleros de cuello blanco” que operaban con chalecos de Pemex y el aval de altos mandos logísticos.
¿Ignoraba Romero estos hechos o formaba parte del engranaje? El costo político de este escándalo es devastador.
La narrativa oficial de combate al crimen chocaba con el silencio ante los contratos colaterales que beneficiaban a gobiernos estatales y líderes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).
¿Qué tan “embarrados” están los líderes sindicales en este esquema? La indiferencia frente a las denuncias de legisladores y la falta de acción concreta alimentaron la percepción de una justicia selectiva: los pequeños delincuentes eran castigados, mientras los peces gordos navegaban en la impunidad.
Este doble rasero ha erosionado la confianza en una empresa que debería ser pilar del patrimonio nacional.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) tienen una tarea urgente: ir más allá de los piratas de pacotilla y desentrañar la red de corrupción que operó bajo la sombra de Pemex.
El caso Akal-R es solo la punta del iceberg, y dejarlo en detenciones simbólicas sería perpetuar la impunidad. Octavio Romero, como cabeza de la empresa en el momento del saqueo, debe rendir cuentas. Pemex no puede seguir siendo víctima de sí misma mientras el país paga la factura de un robo que, lejos de venir del mar, nació en sus propias entrañas.
