La política mexicana vive un nuevo capítulo de tensión con la solicitud de desafuero contra Alejandro “Alito” Moreno, senador y líder del PRI, acusado de peculado y abuso de poder durante su gestión como gobernador de Campeche (2015-2019).
En el centro del debate, el senador Alfonso Ramírez Cuéllar, de Morena, se ha convertido en una voz clave al abogar por la eliminación del fuero constitucional, calificándolo como un “escudo de impunidad” que protege a políticos corruptos.
Por lo que, ha presentado una iniciativa para eliminar el fuero constitucional, argumentando que perpetúa la impunidad.
En el caso de “Alito” Moreno, Ramírez Cuéllar insiste en que “si es culpable, debe pagar” y ha desafiado al líder del PRI a renunciar voluntariamente a su inmunidad para enfrentar la justicia. Su postura refleja el clamor ciudadano por transparencia y rendición de cuentas.
Por su parte, la Sección Instructora, presidida por Hugo Éric Flores, revisará la solicitud de desafuero a finales de agosto de 2025. Moreno, quien ya evitó un desafuero en 2022 mediante un amparo, califica las acusaciones como “persecución política” orquestada por Morena. Sin embargo, Flores asegura que el proceso será estrictamente legal.
CONTEXTO POLÍTICO Y REACCIONES
El caso ha fracturado al PRI, con exintegrantes exigiendo la renuncia de Moreno. La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, ha intensificado las críticas, revelando lujos de “Alito”, como una mansión valuada en 300 millones de pesos y autos deportivos.
El desafuero de “Alito” Moreno no solo pone a prueba la fortaleza de las instituciones mexicanas, sino que también cuestiona el futuro del PRI en un escenario político dominado por el campechano. Mientras Ramírez Cuéllar y Velázquez buscan justicia, el país observa si este caso marcará un precedente en la lucha contra la corrupción o si el fuero seguirá siendo un obstáculo para la transparencia.
