CAMPECHE. En la capital, muchas oficinas gubernamentales todavía parecen imposibles de entrar para quienes tienen discapacidad. Rampas que no existen, pasillos estrechos y elevadores que brillan por su ausencia son la constante, y la población afectada sigue pagando el precio de decisiones históricas que ignoraron la accesibilidad.
El problema surge, luego de que la Secretaria de Inclusión arrancara un supuesto programa de visitas a edificios públicos, supuestamente para medir la accesibilidad y generar un diagnóstico. Pero surge la pregunta entre ciudadanos: ¿por qué hasta ahora se toman estas medidas que debieron aplicarse hace años? Está problemática no es nuevo y las soluciones llegan con retraso.
Y es que gran parte de los inmuebles fueron construidos sin pensar en personas con discapacidad. Sin embargo, mientras se levanta este diagnóstico, personas siguen quedando excluidas, con dificultades para realizar trámites básicos o simplemente entrar a un edificio público.
El beneficio prometido por el programa, según autoridades, es un diagnóstico que sirva de “parteaguas” en el servicio público. La verdadera prueba será si este estudio se traduce en cambios concretos: rampas, accesos adecuados y espacios inclusivos, o si queda solo en un reporte archivado.
