CDMX. –La justicia, aunque lenta, a veces alcanza. Y en el caso de Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI y de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal), parece que el pasado comienza a pasarle factura.
Está acorralado. La Fiscalía Anticorrupción de Campeche ha solicitado su desafuero, acusándolo de graves delitos de peculado y uso indebido de atribuciones durante su gestión como gobernador de ese estado.
Los señalamientos no son menores: desvío de recursos públicos y abuso de poder, sombras que persiguen al líder priista desde hace años. Frente a estas imputaciones, que él descalifica como una supuesta “persecución política”, “Alito” Moreno ha optado por una estrategia tan desesperada como reveladora: Buscar refugio en el respaldo de líderes de partidos políticos de Perú, Ecuador, Bolivia y Venezuela, quienes emitieron un mensaje solidarizándose con él y alertando sobre una presunta campaña en su contra.
Este movimiento de “Alito” no es solo un intento de desviar la atención; es un reflejo del cinismo que ha caracterizado su trayectoria. En lugar de enfrentar las acusaciones con transparencia y rendir cuentas ante la justicia mexicana, recurre a una narrativa victimista, apelando a la solidaridad internacional para pintar un cuadro de persecución que pocos compran.
Los cargos en su contra no son rumores ni conjeturas: Son parte de una investigación formal que apunta a irregularidades graves durante su administración en Campeche, un estado que, bajo su mando, vio enriquecerse a unos pocos mientras las necesidades de la población seguían sin atenderse.
El respaldo de sus homólogos latinoamericanos, lejos de legitimar su causa, parece más un acto de camaradería entre élites políticas que un genuino aval a su inocencia.
