CDMX A pocos días de las elecciones para renovar el Poder Judicial, un fallo del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México ha encendido las alarmas sobre la imparcialidad y el rumbo de nuestra justicia. El amparo otorgado a Alejandro Moreno Cárdenas, conocido como ‘Alito’, líder nacional del PRI, que ordena cancelar la alerta migratoria emitida en su contra por una investigación por presunto enriquecimiento ilícito en Campeche, no solo levanta sospechas, sino que exhibe las fisuras de un sistema judicial que parece operar bajo lógicas políticas antes que bajo el imperio de la ley.
El argumento del magistrado Constancio Carrasco Daza, respaldado por sus colegas Concepción Marisol Ocampo Torres y José Rogelio Alanís García, se centra en la supuesta “insuficiente fundación” del oficio que dio origen a la alerta migratoria.
Según el tribunal, la medida se basó únicamente en la existencia de una carpeta de investigación, sin pruebas adicionales que la justificaran. Esta decisión, que revoca un sobreseimiento previo, no solo anula un acto de autoridad, sino que envía un mensaje preocupante: las investigaciones contra figuras políticas de alto perfil pueden ser desmanteladas con tecnicismos, mientras la opacidad en torno a su riqueza sigue sin esclarecerse.
Recordemos los hechos. En julio de 2022, ‘Alito’ denunció una supuesta persecución política tras ser retenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por una alerta migratoria. Ese mismo día, la Fiscalía de Campeche cateó una de sus propiedades en el marco de una investigación por enriquecimiento ilícito.
La respuesta de “Alito” Moreno fue predecible: victimizarse y acusar al gobierno de orquestar una cacería en su contra. Sin embargo, las preguntas de fondo persisten: ¿cómo explica el líder priista su patrimonio? ¿Por qué las autoridades no han logrado avanzar en una investigación que, al menos en apariencia, tiene elementos suficientes para justificar una alerta migratoria?
Este fallo no solo beneficia a Moreno, sino que refuerza la percepción de una justicia que protege a los poderosos. Mientras los ciudadanos enfrentan un sistema judicial lento y plagado de obstáculos, figuras como ‘Alito’ parecen contar con un trato preferencial que les permite eludir el escrutinio.
