CAMPECHE. En un acto de oportunismo político y con la clara intención de quedar bien con el gobierno de Estados Unidos, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, ha propuesto la creación de un “zar contra el fentanilo” en México. Su ocurrencia no es más que una muestra del vacío de propuestas serias por parte de un político que, en su estado natal de Campeche, dejó un legado de corrupción y complicidad con el crimen organizado.
Durante “La Mañanera del Pueblo”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no dudó en darle un contundente revés a esta idea absurda, dejando en claro que su gobierno no necesita figuras decorativas para enfrentar la crisis del narcotráfico. Sheinbaum fue precisa: el país ya cuenta con un gabinete de seguridad sólido y capacitado para combatir la producción y distribución de fentanilo, y la estrategia debe centrarse en la coordinación interinstitucional y en atender las causas estructurales de la violencia, no en crear más burocracia inútil.
La propuesta de “Alito” Moreno Cárdenas no solo es un reflejo de su desconocimiento sobre seguridad pública, sino también un intento desesperado por simular compromiso con un problema que su partido, el PRI, ayudó a fortalecer durante décadas de corrupción y acuerdos en lo oscuro con el crimen organizado.
La historia del narcotráfico en México no se puede entender sin la complicidad de los gobiernos priistas, quienes durante años protegieron capos, pactaron con carteles y permitieron la infiltración del narcotráfico en las instituciones. El gobierno de Sheinbaum, en cambio, apuesta por un modelo que combina el fortalecimiento de las instituciones de seguridad con el desarrollo social, una estrategia que ya ha mostrado avances en el combate a la violencia. A diferencia de los gobiernos del pasado, la actual administración entiende que la lucha contra el narcotráfico no se resuelve con discursos ni con la creación de cargos innecesarios, sino con acciones concretas y una política de Estado bien definida.
