MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dejó en claro su rechazo total a la iniciativa de ley que busca establecer el descuento obligatorio de nómina para el pago de créditos. En un mensaje firme, la mandataria aseguró que si esta reforma llega a aprobarse en el Senado, su gobierno la vetará de inmediato, pues representa un atentado contra los derechos de los trabajadores.
“Si la llegan a aprobar en el Senado, la vamos a vetar. No estamos de acuerdo con eso. La vetaríamos si llegara a aprobarse”, declaró con contundencia Sheinbaum, reafirmando su compromiso con la protección del salario y la economía de los trabajadores.
¿EN QUÉ CONSISTE LA INICIATIVA?
La propuesta, impulsada por el senador de Morena, Pedro Haces, y el legislador del Partido Verde, Luis Armando Melgar, plantea la implementación de la llamada “cobranza delegada”, un mecanismo que permitiría a las instituciones financieras embargar directamente una parte del salario de los trabajadores para el pago de créditos adquiridos mediante nómina.
Esta medida ha generado una gran polémica, ya que abriría la puerta a que los bancos y otras entidades financieras cobren automáticamente de los sueldos, sin necesidad de la autorización expresa de los trabajadores en cada caso.
La iniciativa ha sido cuestionada por especialistas y organizaciones laborales, quienes advierten que podría traducirse en abusos y endeudamiento excesivo para la clase trabajadora, además de socavar el derecho fundamental de los empleados a disponer libremente de su salario.
CRÉDITOS DE NÓMINA: UN RIESGO PARA LOS TRABAJADORES
Los créditos de nómina han sido una herramienta utilizada ampliamente en México, pero su regulación ha sido motivo de debate. En muchos casos, estos préstamos han sido otorgados con tasas de interés elevadas y condiciones abusivas, generando ciclos de endeudamiento que afectan gravemente a los trabajadores.
Permitir que las instituciones financieras cobren directamente del salario podría traducirse en la disminución del ingreso disponible para miles de familias, afectando su bienestar y estabilidad económica. Además, se teme que las empresas comiencen a utilizar este mecanismo para favorecer ciertos créditos o prestamistas, limitando la libertad financiera de los empleados.
