MÉXICO.- En tan solo seis días entre el 20 y el 26 de enero, Estados Unidos deportó a cuatro mil 94 connacionales que se encontraban en su territorio de manera irregular, informó la mandataria federal en conferencia de prensa.
Este número refleja un incremento en las acciones migratorias del gobierno estadounidense, lo que ha encendido alarmas entre las autoridades mexicanas respecto a posibles violaciones a los derechos humanos durante los procesos de deportación.
Por ello, la presidenta México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que tanto la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) como el Instituto Nacional de Migración (INM) ya están implementando medidas para brindar apoyo a los deportados y garantizar que se respeten sus derechos fundamentales.
Según explicó, ambas instituciones cuentan con un esquema para proceder legalmente en caso de que se detecten abusos o violaciones por parte de las autoridades migratorias de Estados Unidos.
“Si algún connacional deportado ha sufrido una violación a sus derechos humanos, ya sea durante el proceso de detención o deportación, la Cancillería y el INM están preparados para actuar. Se puede presentar una queja ante la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP,por sus siglas en inglés) o incluso llevar el caso ante un tribunal”, subrayó la mandataria.
PREOCUPACIÓN POR EL TRATO HACIA LOS DEPORTADOS
Las autoridades mexicanas han expresado su preocupación por el trato que reciben los migrantes durante su detención y traslado, especialmente por reportes de prácticas que podrían vulnerar sus derechos. En los últimos años, se han documentado casos de personas deportadas en condiciones inhumanas, como el uso excesivo de fuerza, la falta de acceso a servicios básicos y el estigma de ser tratados como criminales.
La presidenta aseguró que su administración está comprometida con la protección de los derechos de los mexicanos en el extranjero y que no se tolerarán abusos contra los repatriados.
Además, destacó la importancia de mantener un diálogo constante con las autoridades estadounidenses para garantizar que los procesos de deportación se lleven a cabo con apego a los acuerdos internacionales y a los principios de respeto y dignidad humana.
ACCIONES PARA ATENDER A LOS REPATRIADOS
Por su parte, el Instituto Nacional de Migración ha intensificado sus esfuerzos para recibir a los connacionales deportados en los puntos fronterizos y proporcionarles apoyo inmediato. Esto incluye orientación sobre los trámites necesarios para su reintegración en México, acceso a servicios de salud y opciones de empleo.
El gobierno también trabaja en coordinación con organizaciones civiles y gobiernos estatales para facilitar la reinserción social y económica de los repatriados. “Es fundamental que nuestros connacionales encuentren oportunidades al regresar, ya que muchos de ellos enfrentan situaciones de vulnerabilidad tras su deportación”, agregó la mandataria.
POSIBLE QUEJA ANTE INSTANCIAS INTERNACIONALES
En caso de que las denuncias de violaciones a los derechos humanos de los deportados sean comprobadas, la Cancillería no descarta la posibilidad de elevar el caso a instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esta acción buscaría no solo justicia para las víctimas, sino también presionar al gobierno de Estados Unidos para que modifique sus políticas y procedimientos relacionados con la migración.
La repatriación masiva de más de 4 mil mexicanos en menos de una semana pone de manifiesto la urgencia de abordar la crisis migratoria de manera integral y
con un enfoque humanitario. La mandataria concluyó enfatizando que su administración continuará trabajando para garantizar los derechos de los connacionales
y construir políticas que ofrezcan alternativas para evitar que miles de mexicanos se vean obligados a migrar por falta de oportunidades en su propio país.
