MÉXICO.- La lucha contra la corrupción y el impulso de la justicia política en México han cobrado nuevo impulso con la instalación de la Sección Instructora en la Cámara de Diputados, encargada de analizar solicitudes de desafuero y juicios políticos de figuras de alto perfil, entre ellos Alejandro “Alito” Moreno, actual dirigente nacional del PRI y senador.
Otros casos incluyen al exdirector del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, y el exconsejero Ciro Murayama. Aunque algunas acusaciones ya prescribieron, los nuevos esfuerzos sugieren que la justicia para casos pendientes podría estar más cerca.
El diputado Hugo Eric Flores Cervantes, presidente de la Sección Instructora, detalló que el órgano empezará con el análisis de ocho solicitudes de desafuero y juicio político prioritarios.
Estas incluyen las más avanzadas en proceso de investigación y otras que han generado controversia por su relevancia y naturaleza pública.
“Seremos imparciales y actuaremos sin influencias partidistas”, declaró Flores, subrayando que no habrá favoritismos ni sesgos hacia figuras como “Alito” Moreno, a quien se le imputan supuestas prácticas irregulares.
REZAGO HISTÓRICO Y NUEVAS PRIORIDADES
Durante su primera revisión, la Sección Instructora encontró alrededor de mil 200 expedientes para juicio político y desafuero que se remontan hasta 20 años atrás, evidenciando un gran rezago histórico en la revisión de estos casos.
Tras descartar aproximadamente 500 por falta de evidencia, quedan 215 expedientes vigentes que, según Flores, serán atendidos con rapidez. “Queremos desahogar estos casos antiguos que han quedado sin resolución”, comentó el diputado.
Entre los casos prioritarios se encuentran los de personajes destacados del ámbito político y judicial del país, incluyendo los expedientes de ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuya actuación en casos recientes ha sido objeto de debate público.
Estos ministros, entre ellos Norma Piña Hernández y Luis María Aguilar, fueron señalados por el Partido del Trabajo (PT) debido a decisiones judiciales en torno a la reforma judicial, lo cual ha motivado la petición de que sus acciones sean revisadas.
