MÉXICO- El reciente anuncio de Arturo Zaldívar, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sobre las reformas constitucionales que impulsará el gobierno de Claudia Sheinbaum ha generado expectativas y, como era de esperarse, también ha desatado controversias.
Quien será el próximo coordinador de Política y Gobierno con la presidenta electa, adelantó que estas reformas buscarán fortalecer fiscalías y defensorías públicas, pero además sentarán las bases para un sistema de justicia más ágil y eficaz, algo que México ha demandado durante décadas.
Lo más relevante de esta iniciativa es que las reformas no solo se quedarán en lo estructural, sino que vendrán acompañadas de un conjunto de leyes procesales que buscan hacer realidad la visión de una justicia más rápida y accesible para todos los mexicanos.
En un país donde la burocracia y la lentitud judicial han sido los principales enemigos del acceso a la justicia, estas reformas son más que bienvenidas. Pero el reto no es menor. Se trata de transformar un sistema judicial que ha sido históricamente lento y en ocasiones corrupto, donde el poder ha estado en manos de unos pocos.
