MÉXICO- La reforma al Poder Judicial, que entró en vigor el 16 de septiembre tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación, representa un paso fundamental hacia la democratización del sistema judicial en México. La medida, que permite la elección popular de jueces, magistrados y ministros, es una respuesta contundente a las demandas de una sociedad que exige mayor transparencia, justicia y rendición de cuentas de las instituciones que componen uno de los tres poderes de la nación.
El principal argumento a favor de esta reforma radica en su intención de devolver el poder al pueblo. Durante décadas, el sistema judicial ha sido percibido como inaccesible y en ocasiones opaco, donde los altos cargos parecían pertenecer a una élite lejana a los intereses de la ciudadanía.
Al permitir que los ciudadanos elijan directamente a los encargados de impartir justicia, se rompe con esa dinámica, acercando el Poder Judicial a las personas a quienes sirve. Esto, sin duda, fortalece la legitimidad de quienes ocupen dichos cargos, ya que tendrán que responder a la voluntad popular.
Además, esta reforma trae consigo la posibilidad de que el sistema judicial sea más representativo y diverso. En un país con profundas desigualdades sociales y económicas, es crucial que los encargados de impartir justicia comprendan y reflejen las diversas realidades que enfrenta la población.
