MÉXICO.- La reciente solicitud de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para revisar el proceso de la reforma al Poder Judicial, ya aprobada por la Cámara de Diputados y turnada al Senado, es un movimiento que despierta serias preocupaciones sobre el equilibrio de poderes en nuestro país.
En dos acuerdos publicados, la ministra propone la posibilidad de suspender la discusión de dicha reforma, basándose en una supuesta falta de claridad legal sobre si el Poder Judicial tiene la facultad de detener un proceso que involucra al Ejecutivo y Legislativo.
Esta iniciativa no solo es controversial, sino que sienta un peligroso precedente. ¿Acaso la Corte está buscando ampliar su esfera de influencia más allá de sus atribuciones constitucionales? No es la primera vez que el Poder Judicial, o al menos algunos de sus miembros, han tratado de interferir en procesos ajenos a su jurisdicción.
Recordemos que, en un episodio reciente, la Ministra presidenta intentó intervenir en la decisión autónoma del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), lo que fue afortunadamente rechazado por otro ministro, quien argumentó que no era función de la Corte inmiscuirse en esos asuntos.
Pero lo que ocurre ahora es aún más grave. La Suprema Corte no puede ni debe detener un proceso que ya está en manos del Legislativo, como lo establece claramente nuestra Constitución.
Las reformas que tocan al Poder Judicial no son un tema que deba quedar al arbitrio de jueces y ministros que, paradójicamente, se verían directamente afectados por los cambios.
De lo contrario, estaríamos asistiendo a una burda intromisión de un poder sobre otro, rompiendo el delicado balance institucional que es la base de nuestra democracia.
La pretendida suspensión del proceso legislativo que impulsa la reforma judicial no solo sería un exceso, sino un exabrupto jurídico sin precedentes.
Es de esperar que, tal como sucedió en el caso del TEPJF, algún ministro reaccione y se oponga a este intento de intervención que desnaturaliza la función misma del Poder Judicial. Si la Corte cruza esta línea, estaríamos ante un abuso de poder que no podemos permitir en un país que aspira a fortalecer su democracia y su Estado de derecho.
Este no es un debate menor, sino uno que toca el corazón mismo de nuestro sistema de contrapesos. Cualquier intento de obstaculizar las facultades del Legislativo y del Ejecutivo mediante maniobras judiciales debe ser frenado con firmeza. Porque, si la Corte asume funciones que no le corresponden, lo que está en juego no es solo una reforma judicial, sino el futuro mismo de nuestra democracia.
