MÉXICO.- La ministra Norma Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), viola la Constitución, por haber dado entrada a dos recursos del Grupo Elektra, propiedad del magnate Ricardo Salinas Pliego, que impugnan el pago de 35 mil millones de pesos, dijo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
“Pero ¿qué procedería en este caso? Pues denunciarla y pedir juicio político. Pero si hacemos eso, imagínense. Si ya fueron a la OEA. ¡Uy, qué miedo! Ahora irían a quejarse con el rey de España o al Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos. Pero es evidente que violan la Constitución. Pero no puedo uno estar en todo, nada más darlo a conocer, que estemos pendientes”.
Durante su conferencia de “La Mañanera”, explicó que la violación a la ley, gira en torno a la admisión de dos recursos presentados por el Grupo Elektra, propiedad del magnate Ricardo Salinas Pliego, que impugnan el pago de 35 mil millones de pesos en obligaciones fiscales.
Espero todavía estar aquí para ver cómo resuelven estos dos asuntos, porque no debería tomar tanto tiempo. Ya es cosa juzgada: los expedientes pasaron por la corte, que determinó que no era competencia de los ministros y que debía ir a un tribunal. El tribunal dio la razón a la hacienda pública, confirmando que deben aportar ese dinero. Pero ahora, el recurso regresa a la corte, y le dan entrada otra vez.
No vaya a ser que al final digan que no se va a pagar. Les dejo el asunto pendiente, porque aunque me jubile, es importante que se le dé seguimiento. Si piensan que con el tiempo se olvidará, se equivocan. El próximo gobierno también actuará con honestidad y rectitud.
Para el mandatario federal, la decisión de Norma Piña de aceptar estos recursos, a pesar de que en su opinión no proceden legalmente, es un acto arbitrario y preocupante que pone en entredicho la imparcialidad y el respeto a la ley por parte del máximo tribunal del país.
López Obrador, señaló que la ministra no solo permitió la entrada de estos expedientes, sino que además los distribuyó de manera sospechosa entre los ministros de la Segunda Sala de la Corte.
Uno de los casos, que implica un crédito fiscal de 18 mil 455 millones de pesos correspondiente al año 2013, fue asignado al ministro Alberto Pérez Dayán, quien deberá proponer una resolución que será votada por los cinco integrantes de la Sala.
