MÉXICO.- La reciente declaración del embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, sobre la reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), representa una intromisión desafortunada en los asuntos internos de México.
Salazar, en su rol diplomático, parece haber olvidado que México es una nación soberana, plenamente capaz de decidir sobre su propio destino y la estructura de sus instituciones sin la necesidad de opiniones paternalistas desde el extranjero.
La reforma al Poder Judicial, que busca la elección por voto popular de jueces y magistrados, es un debate que corresponde únicamente a los mexicanos.
El embajador estadounidense, al declarar que esta reforma sería un “riesgo para la democracia mexicana y para la integración económica de América del Norte”, no solo subestima la capacidad de los ciudadanos mexicanos para tomar decisiones informadas, sino que también distorsiona el propósito de la reforma al vincularla, sin fundamento, con un supuesto impacto negativo en la relación comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.
La opinión expresada por Ken Salazar respecto a que los jueces electos carecerían de experiencia y podrían ser manipulados por cárteles y actores malignos, suena más a una advertencia infundada que a un análisis serio de la realidad mexicana.
Es importante recordar que la corrupción que hoy corroe al Poder Judicial en México no es producto de la inexperiencia de los jueces, sino de un sistema profundamente arraigado en prácticas corruptas y de una élite judicial que se ha perpetuado en el poder sin rendir cuentas a la ciudadanía.
La reforma judicial impulsada por López Obrador tiene precisamente el objetivo de democratizar el sistema de justicia, de abrirlo a la participación ciudadana y de romper con esas redes de complicidad que han permitido la impunidad. Si bien es cierto que el voto popular no es una panacea, es un paso hacia la construcción de un Poder Judicial más transparente y cercano al pueblo, y es un cambio que debe evaluarse en función de las necesidades y contextos propios de México, no de las percepciones externas.
Además, la insinuación de que esta reforma podría afectar la lucha contra los cárteles es una muestra más de la visión limitada que el Embajador tiene de la realidad mexicana. La corrupción en el Poder Judicial no se combate con la perpetuación del status quo, sino con reformas estructurales que pongan fin a los privilegios y abran el camino a una verdadera justicia. Si algo ha demostrado la historia reciente de México, es que mantener las mismas prácticas y estructuras solo ha fortalecido a las mafias que operan al margen de la ley.
La relación comercial entre México, Estados Unidos y Canadá no se basa en la estructura de uno de los poderes del Estado mexicano, sino en acuerdos bilaterales y multilaterales que han sido construidos a lo largo de décadas. Sugerir que una reforma judicial en México podría poner en riesgo esta relación es alarmista y refleja un desconocimiento de las complejidades de ambos países.
La soberanía de un país se manifiesta en su capacidad de decidir sobre sus propios asuntos, y la reforma judicial es un asunto que debe ser decidido por los mexicanos, para los mexicanos. Las opiniones de actores extranjeros, aunque puedan ser escuchadas, no deben condicionar las decisiones que solo atañen a la nación mexicana.
En conclusión, la intervención del embajador Ken Salazar en este debate resulta inapropiada y poco constructiva. México debe seguir su camino hacia una justicia más equitativa y democrática, sin permitir que voces externas definan el rumbo de sus reformas.
La democracia mexicana es lo suficientemente madura como para enfrentar estos desafíos y salir fortalecida, independientemente de lo que opinen aquellos que, desde fuera, creen saber mejor lo que conviene a nuestro país.
