MÉXICO- A través de una carta dirigida a la ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no solo subraya su preocupación por la tardanza en estos litigios, sino que también acusa a la Corte de incurrir en una conducta dilatoria que, según él, podría interpretarse como una forma de protección ilegal hacia aquellos que buscan evadir sus responsabilidades fiscales.
El reclamo no es menor: se trata de 35 mil millones de pesos que adeuda Ricardo Salinas Pliego, dueño de Elektra y TVAzteca, según el mandatario federal, ese adeudo millonario, deberían estar en las arcas del fisco federal, pero que permanecen congelados debido a la lentitud con la que se han manejado los amparos directos en revisión identificados como los números 5654/2024 y 6321/2024.
Estos casos, que involucran omisiones de contribuciones de los ejercicios fiscales de 2008 y 2013, son emblemáticos de una lucha mayor que el mandatario ha librado desde el inicio de su administración: la batalla contra la evasión fiscal y los privilegios que han disfrutado las élites económicas del país.
La carta de López Obrador no es simplemente un llamado de atención; es un reclamo enérgico que acusa a la SCJN de violar el artículo 17 de la Constitución, que exige que la justicia sea impartida de manera pronta y expedita. Al señalar que la Corte está incurriendo en una “acción de ilegal protección” a conductas de defraudación fiscal, el presidente pone sobre la mesa una de las críticas más severas que ha lanzado contra el Poder Judicial en su mandato.
Este enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Judicial no es nuevo, pero sí adquiere una relevancia especial en un contexto donde la justicia fiscal se ha convertido en un pilar central del proyecto de la Cuarta Transformación.
López Obrador ha insistido en que nadie, sin importar su poder económico o influencia, debe estar por encima de la ley. Y en este caso, el principal deudor fiscal, según el propio gobierno, es el magnate Ricardo Salinas Pliego.
