MÉXICO.- Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no lograron un consenso sobre la postura de la institución relativa al dictamen de la reforma judicial presentado el pasado 16 de agosto en la Cámara de Diputados y que será discutido la próxima semana.
Durante tres horas los ministros sesionaron en privado para definir si la Corte puede o no emitir una postura y en qué sentido sobre la propuesta de que en el año 2025 los ministros renuncien para ser sustituidos por un nuevo Tribunal Constitucional electo por voto popular.
Al no alcanzar un acuerdo sobre este tema, los ministros decidieron retomar la discusión en privado el próximo jueves 22 de agosto.
“En la sesión privada que llevó a cabo el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (La Corte) se plantearon diversos puntos de vista de ministras y ministros integrantes de este Alto Tribunal. Se decidió que continuará el análisis de la Reforma al Poder Judicial Federal”, informó la Corte.
Fuentes federales confirmaron que en la sesión sólo participaron 10 ministros pues Luis María Aguilar Morales tuvo que austenarse por causas de fuerza mayor y, a diferencia de las sesiones que se realizan antes de las discusiones púbicas del Pleno, en esta ocasión no estuvieron presentes los secretarios de las ponencias.
MANIPULAN A TRABAJADORES
Magistrados y jueces de distrito lograron manipular a los trabajadores y el paro de labores del Poder Judicial. Esta acción, que cuenta con el apoyo de mil 202 juzgadores, es presentada como un rechazo a la reforma que pretende democratizar la elección de estos funcionarios. Sin embargo, detrás de esta protesta se esconde una resistencia a perder los privilegios que han mantenido durante décadas.
La suspensión de actividades en los juzgados y tribunales federales es una maniobra que busca presionar al gobierno y al Congreso, bajo la premisa de que la reforma en curso es una amenaza para la independencia del Poder Judicial. No obstante, esta lectura es simplista y, francamente, engañosa. La reforma no pretende socavar la autonomía judicial; por el contrario, busca abrir las puertas a una mayor participación ciudadana en la elección de jueces, magistrados y ministros, promoviendo así la transparencia y la rendición de cuentas.
