MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) ha otorgado más de 800 “criterios de oportunidad” en los últimos años. Este, es un recurso legal que permite evitar el procesamiento penal a cambio de información o reparación de daños.
Sin embargo, este mecanismo, destinado a facilitar la justicia en casos complejos, ha suscitado preocupaciones sobre su correcta aplicación y transparencia.
El caso más notable es el del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, cuya negociación con la FGR reveló la posibilidad de un acuerdo financiero y de información que podría haber influido en su condición legal.
La figura del criterio de oportunidad, aunque legalmente válida, se ha utilizado para proteger a individuos implicados en delitos graves, desde corrupción hasta delincuencia organizada, sin claridad sobre los términos específicos de estos acuerdos.
La falta de transparencia es alarmante. La FGR no ha proporcionado detalles sobre los montos económicos obtenidos por los acuerdos ni ha esclarecido completamente las condiciones bajo las cuales se otorgaron estos beneficios.
En 539 de los 889 casos reportados, se logró una reparación del daño, pero esto no garantiza la justicia plena ni el respeto a los principios de legalidad y equidad.
La creciente cantidad de criterios de oportunidad suscritos cada año—desde 159 en 2019 hasta 254 en 2023—indica un uso extensivo de esta figura. Sin embargo, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece limitaciones estrictas para su aplicación, excluyendo delitos graves como los relacionados con la delincuencia organizada y las violaciones a derechos fundamentales.
