MÉXICO.- Durante la conferencia de “La Mañanera”, se denunció al dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, quien inició persecución y violencia política contra la diputada tricolor, Montserrat Arcos, tras poner al descubierto un millonario esquema de corrupción.
Cabe recordar que dicha legisladora, reveló que en 2023 se le solicitó entregar el 50 por ciento de los 32 millones de pesos destinados a la capacitación de mujeres a su dirigente nacional, “Alito” Moreno. Al negarse, iniciaron represalias dentro de su propio partido. Ya que, como presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (Onmpri), se opuso a un esquema de “moches” que buscaba desviar fondos etiquetados para programas de liderazgo político femenino.
La denuncia de Montserrat Arcos pone en evidencia cómo estos recursos, en lugar de ser utilizados para su propósito legal, se convierten en una “caja chica” para los presidentes de partidos. Este acto de valentía la ha colocado en el centro de una tormenta política y personal, enfrentando actos de violencia política de género.
Por ello, ha solicitado la protección del Estado y presentó pruebas públicas de la corrupción interna al presidente López Obrador, pidiendo una investigación a fondo por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, la Auditoría Superior de la Federación y la consejería jurídica del Ejecutivo.
Además, la diputada Arcos solicitó que la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, le brinde medidas preventivas de protección debido a la gravedad de las amenazas recibidas por parte del equipo del exgobernador campechano.
INE DESECHA DENUNCIA
Es importante recordar que el Instituto Nacional Electoral (INE) desechó la queja de Arcos contra Moreno Cárdenas, lo que la llevó a recurrir a la justicia federal. Ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la exdirigente del Onmpri apeló la resolución del INE, argumentando que el órgano electoral se declaró incompetente sin considerar la posible violencia de género implícita en los hechos denunciados.
La legisladora priista detalló que Moreno Cárdenas le informó que solo recibiría el 50 por ciento del presupuesto destinado al Onmpri, debido a gastos extraordinarios. Tras expresar su negativa, se le comunicó que se modificarían las actividades propuestas, reduciendo significativamente la calidad de la capacitación para las mujeres del PRI.
A pesar de la denuncia y las pruebas presentadas, el INE resolvió desechar la queja y remitir el caso a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria y a la Unidad Técnica de Fiscalización, alegando que no podía intervenir en asuntos internos de los partidos.
Ahora, Montserrat Arcos busca que el TEPJF revise esta determinación, subrayando la necesidad de una justicia que realmente contemple y actúe ante la violencia de género y la corrupción interna.
