MÉXICO.- La reciente liberación provisional de Santiago Muñoz Pilo, sargento segundo acusado de delincuencia organizada en el caso Ayotzinapa, ha suscitado una serie de interrogantes sobre la justicia en México y el manejo de uno de los casos más emblemáticos de desaparición forzada en el país.
M u ñ o z P i l o , c o n o c ido como “El Peluquero” y miembro del 27 Batallón de Infantería de Iguala, fue arrestado por presuntos vínculos con el grupo criminal “Guerreros Unidos”, acusado de participar en el secuestro y desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Tras un mes de reclusión en el Campo Militar 1-A de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), una jueza federal modificó su medida cautelar, permitiéndole salir bajo libertad provisional mediante el pago de una fianza económica. Además, se le impusieron restricciones como la presentación periódica ante el juzgado, el retiro de su pasaporte y la prohibición de salir del país.
Esta decisión de la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo, aunque legal, no ha estado exenta de críticas y controversias. No es la primera vez que se modifican medidas cautelares para militares implicados en el caso Ayotzinapa.
Anteriormente, otros ocho militares también lograron llevar su proceso en libertad provisional, lo que provocó una respuesta enérgica por parte del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien adelantó que el Gobierno federal impugnaría tales decisiones.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que representa a las familias de los estudiantes desaparecidos, condenó la liberación, argumentando que la Sedena litiga a favor de los acusados.
La percepción de que las autoridades militares están protegiendo a sus miembros en lugar de buscar justicia para las víctimas añade una capa de desconfianza y dolor para las familias de los 43 estudiantes desaparecidos.
La decisión de liberar a Muñoz Pilo y otros militares plantea una pregunta fundamental: ¿se está priorizando la justicia o la protección de instituciones? La liberación provisional podría interpretarse como una señal de debilidad en el sistema judicial, especialmente cuando las acusaciones son tan graves y los vínculos con grupos criminales son tan perturbadores.
