MÉXICO.- Entres los artilugios que utilizaban en las gestiones presidenciales neoliberales era sembrar o falsear en investigaciones para “lavar la imagen sus mandatarios o autoridades”. La principal operadora para crear testigos falsos era la procuradora, Marisela Morales Ibáñez.
Como se recordará, en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, se ejecutó la llamada “Operación Limpieza”, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) llevó a la cárcel a exfuncionarios inculpados con testimonios falsos de testigos protegidos.
Javier Herrera Valles, excomisario de la Policía Federal Preventiva (PFP), demanda 70 millones de indemnización, que fue encarcelado injustamente. El exmando policial, afirmó que su encarcelamiento derivó por las denuncias que realizó contra Genero García Luna, secretario de Seguridad Pública Federal, actualmente juzgado en Estados Unidos por vínculos con el cártel de Sinaloa.
Ahora, la única posibilidad de que la FGR sea obligada a pagar por las irregularidades cometidas en el pasado, es que la Corte ampare a Javier Herrera Valles, quien reclama la responsabilidad patrimonial del Estado por 70 millones 637 mil 570 pesos, por concepto de reparación de daños y perjuicios materiales y daño moral.
Cabe destacar que la “Operación Limpieza”, fue un operativo táctico policiaco-militar que llevó a cabo la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF), entre el 1 de septiembre de 2011 y el 31 de julio de 2012, en todo el territorio nacional con el fin único de desarticular los enlaces del crimen organizado infiltrados en las instituciones públicas federales, estatales y municipales. Sin embargo, utilizaron testigos protegidos que inventaron culpables.
ENTÉRATE
La única posibilidad de que la FGR sea obligada a pagar por las irregularidades cometidas en el pasado, es que la corte ampare al quejoso.
