MÉXICO. Jueces de la Suprema Corte de Justicia abrirán un nuevo frente en contra del gobierno federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora en el sector energético donde se pretende amparar a las empresas con lo cual los privadas ya no tendrán que tramitar amparos para que prevalezcan las reglas de asimetría establecidas desde el sexenio pasado.
Javier Laynez, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), será quien propondrá a la segunda sala declarar inconstitucional la preponderancia que tiene Pemex en el sector de hidrocarburos, con lo cual las empresas privadas ya no tendrán que tramitar amparos para que prevalezcan las reglas de asimetría establecidas desde el sexenio pasado.
Este miércoles presentará ante sus compañeros un proyecto de sentencia en el que prevé conceder el amparo a diversas empresas que impugnaron la reforma energética impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Esto debido a que en la reforma a la Ley de Hidrocarburos publicada en mayo del 2021 se dieron por terminadas las facultades de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para emitir una regulación asimétrica en materia de ventas de primera mano de hidrocarburos.
De acuerdo con las empresas quejosas la eliminación de todas las medidas asimétricas provocaba que Pemex ejerciera un poder dominante en el mercado de hidrocarburos.
De origen, las empresas ganaron el amparo y el juez de distrito que concedió la protección federal le dio efectos generales a su sentencia, es decir, ordenó dejar sin efectos el artículo transitorio que elimina las facultades de la CRE para emitir estas regulaciones asimétricas y el acuerdo A/015/2021 en el que dejó sin efectos todas las resoluciones que emitían estas medidas en contra de Pemex y sus organismos subsidiarios.
El amparo fue impugnado por el Congreso de la Unión, el Poder Ejecutivo Federal y la propia Comisión, por lo que el ministro Laynez propondrá confirmar la sentencia a favor de las empresas.
“El Congreso excedió su competencia porque constitucionalmente no está facultado para determinar si en cierto(s) mercado(s) se ha alcanzado un desarrollo eficiente y competitivo. Así, mientras que en el texto del transitorio original el Poder Legislativo desarrolló una competencia del órgano regulador, en la reforma el Congreso decidió asumirla como propia. Esto es así porque decretar —para cualquier mercado de hidrocarburos y sus derivados, o hacerlo de manera general para esa industria—, que ya existen condiciones de competencia son decisiones que le corresponden al órgano regulador de la materia, en función de las atribuciones y objetivos que le corresponde ejercer y garantizar conforme a nuestro régimen constitucional”, señaló el ministro en el proyecto que presentará este miércoles.
