El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la facultad de la Fiscalía General de la República (FGR) para acceder a información financiera y bancaria sin orden judicial.
Por seis votos contra cinco, el Pleno aclaró en definitiva un tema que preocupa a las autoridades desde noviembre de 2017, cuando la Primera Sala de la Corte concedió un amparo contra el artículo 142, fracción 1, de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC).
La mayoría determinó que el acceso del Ministerio Público a la información financiera, sin autorización de un juez, viola el derecho humano a la vida privada.
“Pueden existir otras medidas legislativas más adecuadas, como las que obliguen a buscar autorizacion judicial previa a la irrupcion de la vida privada de los ciudadanos”, afirmó el nuevo Ministro Juan Luis González Alcántara, cuyo voto resultó decisivo.
“El combate a la delincuencia, al delito, debe ser anteponiendo la Constitución y los derechos humanos”, agregó el presidente Arturo Zaldívar.
En la minoría estuvieron los extitulares de la PGR y de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), Eduardo Medina Mora y Javier Láynez.
“El Ministerio Público tendrá que solicitar una autorización para investigar, cuando esa es su atribución Constitucional. En este tipo de delitos, se requiere como indicio mínimo y básico el destino de las transferencias y el seguir el dinero”, dijo Láynez, en alusión a ilícitos como fraude fiscal y lavado de dinero.
Jorge Pardo advirtió que este criterio afectará a todas las investigaciones por cualquier delito realizadas hasta ahora, en la que se hubiera accedido a datos bancarios.
La Corte discutirá el lunes si matiza la sentencia para no afectar investigaciones previas de la FGR, que con apoyo de la PFF y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, rutinariamente accede a datos de las cuentas de sospechosos sin orden judicial.
No está del todo claro que habrá mayoría por esta opción, luego de que Zaldívar advirtió que no puede haber derechos humanos a partir de una fecha, y antes no. “Estaríamos prejuzgando que a todas las personas a las que se han violado sus derechos, efectivamente son delincuentes”, dijo.
