La Cámara de Diputados avaló por unanimidad de 419 votos, reformas al primer párrafo del Artículo 390 del Código Penal Federal, a fin de imponer de 10 a 25 años de cárcel y de 250 a mil Unidades de Medida y Actualización a quien cometa extorsión.
El documento, enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, refiere que ese delito tiene fuerte impacto social y es uno de los que más ha aumentado en últimos años, sólo colocándose abajo del robo en el transporte público y asalto.
Indica que la extorsión es una conducta recurrente de la delincuencia organizada, por lo que resulta viable elevar el castigo, pues es un crimen que inhibe el desarrollo, llega a afectar las inversiones y causa pérdida de empleos.
Al fundamentar el dictamen, el morenista Rubén Cayetano García subrayó que ese delito tiene que castigarse con mayor severidad, porque es uno de los que más laceran a la sociedad.
Dijo que, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a noviembre de 2018 se registraron cinco mil 820 víctimas de extorsión en el país.
Estimó que las cifras encierran las historias de miles de mexicanos que han perdido su tranquilidad y la de sus familias, porque los delitos de extorsión generalmente se cometen con mayor frecuencia contra pequeños comerciantes, quienes manejan establecimientos de sostenimiento familiar.
“Expresamos nuestra voluntad de que el delito de extorsión sea castigado con severidad y con ello contribuyamos a liberar de la presión y angustia en la que viven cientos de familias, a raíz de este terrible flagelo. Ya no más al pago del impuesto criminal”, expresó.
