Los feminicidios aumentaron 105% en los últimos 4 años en México, pero incluso el porcentaje es mayor dado que no todos los feminicidios son clasificados como tales, lo que disfraza las estadísticas de la realidad. De cada 100 muertes violentas de mujeres, apenas el 5% se clasifica como feminicidio.
Así lo consideró Silvia Guadalupe Garza Galván, diputada federal, al indicar que es necesario comprender lo que significa un feminicidio, que no puede clasificarse como delito culposo o doloso.
El año pasado se registraron en Coahuila por lo menos 92 asesinatos de mujeres: 68 fueron homicidios culposos, 10 crímenes dolosos y 12 feminicidios, contra 9 casos del 2017. En el 2012, en total fueron asesinadas 133 mujeres.
A nivel nacional se reportaron 3 mil 192 homicidios culposos contra mujeres; 2 mil 746 dolosos y 861 feminicidios. En el 2012, en el país fueron asesinadas 2 mil 764 mujeres.
Garza Galván encabezó el Foro Regional Hacia una Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar el Delito de Feminicidio, realizado en el Congreso del Estado. 
La iniciativa de Ley General, impulsada por diputadas federales del PAN, contemplará protocolos a seguir para esclarecer los hechos, la protección del inocente y la reparación del daño causado por el agresor.
Los planteamientos presentados en el Foro Regional se remitirán al Congreso de la Unión para su análisis e incorporación, de ser el caso, a la iniciativa de ley.
Piden protocolo latinoamericano
La nueva Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar el Delito de Feminicidio –actualmente en elaboración– debe garantizar la inmediata reparación del daño para los hijos; además, estos no deben pasar a la tutela de familiares del victimario.
Durante las conclusiones del Foro Regional Hacia una Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar el Delito de Feminicidio, grupos de feministas, regidoras y colectivos de mujeres, pidieron que el Congreso de la Unión adopte el Modelo del Protocolo Latinoamericano de Investigación para Casos de Feminicidio.
Revisar el tipo penal de feminicidio para que no haya acceso a ningún beneficio procesal para los sujetos activos; aplicar un procedimiento sumarísimo para la reparación del daño, y presumir el daño moral para efectos de la reparación, sin que se acredite en el proceso.
Prever la sucesión de bienes de la víctima a las víctimas secundarias, es decir, a sus hijos y familiares consanguíneos y no al agresor. Que automáticamente sea descartado para los derechos sucesorios de la herencia.
En cuanto a la patria potestad de los hijos de la víctima, que esta pase directamente a la familia de la víctima, y que las víctimas de feminicidio sean contempladas en el fondo federal para la reparación del daño.
