El capítulo Proceso de Desmovilización, Desarme y Reinserción, el Plan de Paz y Seguridad 2018-2024 del Presidente electo Andrés Manuel López Obrador contempla la posibilidad de poner fin a la mal llamada “guerra contra las drogas”, ofreciendo a los delincuentes que se entreguen a cambio de reducciones de penas, e incluso la amnistía, siempre condicionada al perdón de las víctimas y la reparación del daño. Al final, hasta les podrían proponer un cambio de vida.
“En esta primera etapa estamos planteando la necesidad que tenemos de explorar todo tipo de opciones con el propósito de lograr la paz en el país. En otros países, en contextos más politizados, se ha llegado a negociaciones con organizaciones que han tenido connotación política, pero también connotación criminal.
“Creemos que esto es posible, sujeto a una serie de condicionamientos: a la reparación del daño a las víctimas; al conocimiento de la verdad; al desarme y, por supuesto, a la no repetición de los actos criminales”, explicó Alfonso Durazo, futuro Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.
En entrevista, al término de la presentación de la estrategia, Durazo comentó que esta postura obedece a la evidencia en los últimos 12 años, de que no se lograron resultados en el combate al crimen, sólo combatiéndolos por la vía policial y militar.
“A pesar de los cientos de miles de vidas perdidas, los miles de millones de dólares invertidos, los recursos consumidos y los sistemas de inteligencia y vigilancia empeñados en la ‘guerra contra las drogas’, el gobierno mexicano no ha podido derrotar a los cárteles y no hay perspectivas de que logre vencerlos”, reconocen en el documento presentado.
Por ello, establecen que “resulta imperativo hacer un alto para considerar y debatir la necesidad de emprender un proceso de pacificación con las organizaciones delictivas y de adoptar modelos de justicia transicional que garanticen los derechos de las víctimas”.
Para la implementación de este programa, se creará el Consejo para la Construcción de la Paz, que estará integrado por 3 funcionarios del gobierno federal, 3 personalidades de la sociedad civil, con derecho a voz y voto. Además, un representante mexicano de los derechos humanos, y un observador de la ONU, con voz, pero sin voto.
La presentación del Plan la encabezó López Obrador. También participaron los futuros secretarios de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval; de Marina, José Rafael Ojeda; de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y los coordinadores de Morena en Cámara de Diputados y el Senado de la República, Mario Delgado, y Ricardo Monreal.
