La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la controversia constitucional presentada por el Ejecutivo Federal, a través de su Consejería Jurídica, contra las investigaciones del Gobierno de Chihuahua por un presunto desvío de 250 millones de pesos al PRI.
“Se otorgó la suspensión en contra de los actos de investigación y procesamiento, ya que de no suspenderse se podría generar una situación grave de impunidad generalizada, al no tener certeza de cuáles son los fiscales y jueces competentes para procesar las investigaciones en contra de los funcionarios federales”, indicó la Corte.
En un comunicado, aclaró que la suspensión concedida no prejuzga sobre la constitucionalidad de las normas y actos reclamados, ni sobre la probable responsabilidad de los servidores públicos que pudieran encontrarse, en su caso, sujetos a investigación o proceso.
“Esta medida cautelar únicamente suspende las investigaciones y procesos hasta en tanto se determina por esta Suprema Corte si las conductas delictivas que pretenden investigar y perseguir las autoridades de Chihuahua deben ser conocidas por las autoridades federales o autoridades locales”, expuso.
La SCJN puntualizó que la controversia constitucional será resuelta por el Tribunal Pleno después de agotarse la instrucción, en la que las partes presentarán sus argumentos e informes correspondientes.
“La admisión no prejuzga sobre si lo que se ha demandado es o no inconstitucional. Hasta este momento no se tiene conocimiento de quiénes podrían ser, en su caso, los funcionarios federales que son investigados por el Gobierno de Chihuahua”, concluyó.
