La medida implica reducir el número de comisiones, bajar los salarios de los altos mandos, reducir 50 por ciento la dieta de los diputados, compactar la estructura burocrática, reducir viáticos, viajes y presupuesto en comunicación social.
En conferencia de prensa, advirtió que la nueva etapa presupone cambios radicales. ”Ese fue el mandato que recibimos de la mayoría de los mexicanos”.
Ramírez Cuéllar planteó que en los primeros cuatro meses se deberá aprobar una nueva ley orgánica que suprima el gigantismo y la opacidad institucionalizada.
“Los usos y abusos, las costumbres construidas a lo largo de los años que tienen como base la corrupción y el despilfarro, la improductividad y la frivolidad legislativa, tienen que sustituirse por un nuevo marco regulatorio que nos permita funcionar con todas las cualidades de un parlamento verdaderamente abierto y transparente”, subrayó Ramírez Cuéllar.
Afirmó que el mes de septiembre no puede terminar sin la reglamentación del mandato constitucional del Artículo 127 en materia de salarios y percepciones.
“Debe quedar claro cuánto deben ganar los legisladores y los servidores públicos de la cámara y de la administración pública”.
Planteó solicitar un presupuesto de seis mil 500 millones de pesos para el ejercicio del año 2019, pues el actual gasto aprobado para 2018 es de más de ocho mil 439.4 millones de pesos.
Para lograrlo, propuso reducciones y adecuaciones, efectuar la compactación de la estructura burocrática, en especial la reducción en el número de plazas de la alta burocracia que tiene la Cámara de Diputados.
Actualmente existen en la Cámara de Diputados 448 plazas de mandos medios y superiores y 92 equivalentes en asesorías especializadas, por las cuales se erogan 637.9 millones de pesos anuales.
Afirmó que el análisis de la estructura laboral arroja que al menos 61 plazas de mandos medios y superiores y 86 plazas de asesorías especializadas son superfluas y generan un despilfarro de recursos por 317.4 millones de pesos anuales.
La compactación y la reestructuración de la planta laboral serán acordes a lo estipulado por Morena; los secretarios de Estado podrán contar con cino asesores como máximo.
Además, se reestructurará la relación laboral con el personal de confianza y los mandos superiores de la burocracia legislativa con un nuevo tabulador salarial.
“Se debe modificar el tabulador salarial de los funcionarios con mando medio y superior, con ajustes que van de 58 a 25 por ciento, según la categoría establecida en sus responsabilidades.
Esta acción liberará recursos por 208.5 millones de pesos”, agregó. El legislador electo dijo que se deben eliminar prebendas para todos los funcionarios públicos de la cámara, como bonos, seguros de separación, de vida y de gastos médicos, lo cual permitirá un ahorro de 205.6 millones de pesos.
Propuso también reducir gastos como viáticos nacionales e internacionales, pago de pasajes y eliminar gastos de promoción personal.
La racionalización de los viajes y sus costos y la reducción de los gastos en comunicación social, que en las pasadas legislaturas se utilizaron para promoción personal, permitirán un ahorro de recursos por 123.8 millones de pesos.
También señaló la necesidad de reducir en 50 por ciento la dieta parlamentaria, lo que generará un ahorro por 316.1 millones de pesos.
Además de reducir el número de comisiones; reestructurar la plantilla laboral de los órganos de gobierno (Mesa Directiva y Junta de Coordinación Política) que elimine el exceso de asesores con sueldos de más de un millón de pesos anuales.
La racionalización de ellos permitirá un ahorro de 335.2 millones de pesos. En conjunto, estas adecuaciones representan una suma de tal importancia, que pudieran alcanzar un monto de mil 791.5 millones de pesos.