Casi tres años y medio después de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, su paradero sigue sin conocerse. La Procuraduría General de la República afirmó el viernes en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebrada en Bogotá que prepara más de 30 nuevas detenciones de personas implicadas en el caso.
Alfredo Higuera, fiscal del caso Ayotzinapa, dijo que se podrá ejercer acción penal contra ellos “por secuestro” gracias a “elementos recientes” de prueba, pero no ofreció más detalles. Confió en tener conclusiones antes de fin de año.
Los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, una escuela para maestros rurales, fueron detenidos por la policía de Iguala el 26 de septiembre de 2014 cuando tomaban unos autobuses para llevárselos a una manifestación. Según las autoridades fueron entregados a un grupo del narcotráfico, que los mató e incineró en un basurero.
Sin embargo, expertos independientes que revisaron el caso indicaron que no había ninguna prueba científica que confirmara esa teoría, y denunciaron numerosas irregularidades y obstrucción de la justicia por parte de diversos funcionarios.
Más de 41 meses después de los hechos, se sigue sin conocer qué pasó realmente esa noche, por qué y dónde están los jóvenes. Sin embargo, Herrera aseguró ante la CIDH que ahora la fiscalía tiene “datos científicos” que permitirán aclarar pronto el móvil del ataque, aunque no adelantó cuáles.
Posteriormente, solo descartó que la causa de lo que se ha considerado la más grave violación a los derechos humanos de la historia reciente de México fuera que uno de los autobuses que tomaron los estudiantes llevara droga, tal y como plantearon como una hipótesis los expertos internacionales.
Las familias de los alumnos, que no han dejado de exigir justicia y que se busque a sus hijos, alertaron de que el gobierno federal “está buscando cerrar el caso por así convenir a sus intereses electorales”, ya que hay comicios presidenciales el próximo 1 de julio y el partido gobernante podría perder el poder.
Se quejaron también de que durante el último año no ha habido nuevas detenciones, ni se han fincado nuevas acusaciones desde diciembre de 2014, y tampoco hay una sola persona procesada por desaparición forzada, indicó el Centro Prodh, la organización no gubernamental que les representa legalmente, en un comunicado.
