El representante legal de los policías municipales de la Isla informó que presentaron ante el Juzgado Segundo de Distrito en Campeche, una solicitud de amparo para terminar con la persecución laboral y presiones por parte del Ayuntamiento sólo por negarse a firmar recibos de nóminas.
Así mismo señaló que buscará una entrevista con el secretario de Seguridad Pública del Estado de Campeche, Jorge del Jesús Argáez Uribe, para solicitar la investigación de los recursos que se entregaron al municipio para el pago de aguinaldos 2017, donde se presumen múltiples irregularidades.
El día viernes los agentes municipales solicitaron al juez Adrián Fernando Novelo Pérez, aceptar la solicitud de amparo indirecto contra la Tesorería Municipal y la Unidad Administrativa del Ayuntamiento de El Carmen, dependencias que les niegan la entrega de los comprobantes de nómina, vital para avanzar en la denuncia que presentaron contra la Comuna.
En específico en contra de la ahora extesorera Ligia Patricia Castillo Góngora y de Gladys del Carmen García Casanova, directora de la Unidad Administrativa, para obligarlas a entregar la lista de descuentos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que le quitaron a los policías de sus aguinaldos.
Los inconformes esperan que el día de hoy el juez del Juzgado Segundo de Distrito en Campeche les indique si es procedente el amparo, pues primero debe girar un oficio a las dependencias citadas para que informen la causa de su negativa para entregar la información solicitada mediante oficio desde el ocho de enero de este año.
Así también acudieron a las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Campeche para dialogar con Jorge del Jesús Argáez Uribe al que le expusieron todos los agravios del que son objeto. Asimismo, dieron a conocer las amenazas de parte de la subdirectora administrativa de la Dirección de Seguridad Pública Vialidad y Tránsito Municipal, Ada Patricia Duque Farías, por no querer firmar los recibos de aguinaldo. Inclusive algunos como castigo fueron cambiados a comunidades rurales.
Por lo que reiteraron su solicitud de que se investigue el destino de los recursos que la dependencia estatal entregó al municipio para el pago de esta prestación laboral y cómo se tabularon los descuentos a cada uno de los elementos policiacos.
