La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela aprobó ayer una “Ley contra el Odio”, que castiga con penas hasta de 20 años de cárcel y amenaza con el cierre a medios y la ilegalización a partidos políticos que promuevan “el fascismo”.
La polémica ley fue expresamente solicitada por el presidente Nicolás Maduro a la Constituyente oficialista para acabar con los supuestos mensajes de “odio” que según el oficialismo dispararon la ola de protestas antigubernamentales que sacudieron el país entre abril y agosto, y dejaron 120 muertos.
“Quien públicamente (…) incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas en razón de su pertenencia real o presunta a determinado grupo social, étnico, religioso, político (…) será sancionado con prisión de 10 a 20 años”, establece el artículo 20 de la citada ley.
El texto —refrendado una vez más por unanimidad en la Constituyente oficialista— prevé también la posibilidad de castigar con penas de ocho a 10 años de prisión a los policías y militares que no persigan estos delitos de odio, la misma medida que se aplicará al personal sanitario que discrimine a la hora de prestar atención.