En el año 2000, Slim ya tenía una década de reinado en el sector de las telecomunicaciones de México. Y quería ir por más: ese año, su filial de telefonía celular América Móvil cofundó la sociedad Telecom Americas Ltd. en las Bermudas –donde las corporaciones de capital extranjero no pagan impuestos–, junto con las empresas Bell Canada International y SBC Communications.
La sociedad de Bermuda resultó una pieza clave de Slim para asentar su imperio en el sector de la telefonía móvil en Sudamérica Brasil. En febrero de 2001, Telecom Americas Ltd. compró 950 millones de dólares de acciones del gigante Tess, S.A., que posteriormente se renombró Claro Brasil. En julio del año siguiente, América Móvil compró las participaciones de Bell y SBC en Telecom Americas Ltd., y se quedó sola al frente.
Esa fue la primera incursión de Slim en la telefonía móvil latinoamericana, y abrió el camino a un próspero negocio: América Móvil es ahora la empresa líder en las telecomunicaciones del subcontinente, donde cuenta con 362 millones de clientes.
En 2008, la empresa de Slim se acercó por segunda ocasión a Appleby, con el propósito de establecer la sociedad Claro Caimán en las Islas Caimán, para registrar nombres de dominio en la jurisdicción.
Una revisión exhaustiva de los más de 6 millones de archivos internos del despacho Appleby muestra que Slim sólo fue uno de los actores relevantes del poder en México que acudieron al mundo offshore, a veces desde hace más de tres décadas, y ello con distintos propósitos.
El segundo tipo de clientes, integrado en su mayoría por empresas y corporaciones, no pretende actuar en las sombras: incorpora entidades de papel en paraísos fiscales para aprovechar las tasas de recaudación casi nula, como parte de complejas estructuras de ingeniería fiscal diseñadas por firmas de abogados fiscalistas. Ése es el caso, por ejemplo, de América Móvil.
En ambas circunstancias, la incorporación de estructuras offshore es una práctica legal, siempre y cuando el dinero tiene un origen lícito y que los beneficiarios de las sociedades – ya sean individuos o empresas– reporten sus entidades al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Algunas de las empresas y los personajes más acaudalados del país, ya sean financieros, magnates, contratistas de Pemex, e incluso miembros destacados de los Legionarios de Cristo –la congregación católica fundada por el polémico sacerdote Marcial Maciel Degollado– encontraron en Appleby un aliado para incorporar estructuras offshore y maximizar sus ganancias en los paraísos fiscales.
El nombre de Alberto Baillères González, dueño del conglomerado de empresas comerciales, mineras, financieras y aseguradoras que conforman el Grupo Bal y segundo hombre más rico del país, también se encuentra en la lista de clientes de Appleby, aunque no aparece vinculado con ninguna sociedad offshore.
Los archivos internos de Appleby forman parte de “Paradise Papers”, una investigación global basada en 13.4 millones de archivos ×ltrados al periódico alemán Süddeutsche Zeitung, que a su vez los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y 97 medios aliados, entre ellos la revista Proceso.
Con información de El Imparcial
