Con la ejecución del mexicano Rubén Ramírez Cárdenas, la cual está programada para el miércoles 8 de noviembre en la ciudad de Texas, se pone sobre la mesa otra vez el tema de la defensa de ciudadanos mexicanos en Estados Unidos y en otras partes del mundo.
Las leyes locales y el alcance de los acuerdos jurídicos bilaterales y multilaterales, así como por la escasez de recursos con los que a menudo deben enfrentarse el juicio no le permiten a los mexicanos defenderse correctamente.
Y es que 55 mexicanos esperan ser ejecutados en Estados Unidos, derivado de procesos penales en su contra, así lo informa la organización “Death Penalty Information Center”.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) registró hasta el 30 de junio a 75 connacionales que enfrentan procesos penales que podrían resultar en esa sentencia.
Mediante el Programa de Asistencia Jurídica a Casos de Pena Capital en EU, el gobierno federal brindó atención a 195 y logró evitar la sentencia en 29, además de revertir la ejecución de un connacional.
México, por principio, rechaza el máximo castigo, pero como explica Adolfo Laborde Carranco, profesor de la Escuela de Humanidades y Ciencias Sociales del ITAM Campus Santa Fe, la protección se ve dificultada porque incluso en EU, donde existe la mayor red de consulados de cualquier país, “a veces no tienen las capacidades ni los presupuestos”.
Otro ejemplo de estas leyes es Ramírez Cárdenas, un hombre de 47 años, el cual es originario de Irapuato, Guanajuato, el Departamento de Justicia Criminal de Texas le dictó en agosto la fecha en que será ejecutado por inyección letal en el Pabellón de la Muerte, por el secuestro, violación y homicidio en 1997 de su prima hermana Mayra Azucena, de 16 años.
