El Congreso de Puebla aprobó el martes reglas más estrictas para las empresas de servicios de transporte privado, tras los asesinatos de dos estudiantes en los que estuvieron involucrados conductores de las firmas Cabify y Uber.
Diputados locales avalaron cambios a la Ley de Transporte estatal que prohíben los pagos en efectivo por los servicios que cobran esas populares plataformas y los obligan a habilitar botones de pánico, como respuesta a los crímenes que causaron indignación en el país.
Bajo las nuevas normativas, los conductores de las aplicaciones tendrán que aprobar exámenes toxicológicos y presentar constancia de no tener antecedentes penales; también se permite que las autoridades puedan acceder a sus sistemas de geolocalización, en caso de necesitarlo.
La reforma tiene un perfil de seguridad, lo que se busca es privilegiar la tranquilidad y la seguridad de los usuarios", dijo a la prensa el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Puebla, Jorge Aguilar.
En el primer crimen ocurrido a principios de septiembre, el sospechoso de asesinar a Mara Fernanda Castilla, una estudiante de 19 años, era un exconductor de Uber que trabajaba para la aplicación rival Cabify.
En otro caso ocurrido a fines del mismo mes, un conductor de Uber fue arrestado por la muerte de otra estudiante, Mariana Fuentes, aunque no se encontraba trabajando para la empresa cuando ocurrió el crimen.
La estadunidense Uber criticó el proyecto cuando aún se discutía en el Congreso, diciendo que era discriminatorio y violaba la privacidad de usuarios y conductores. La empresa declinó emitir declaraciones sobre la nueva regulación.
El estado de Puebla suspendió a mediados de septiembre la licencia para operar de la española Cabify, que también declinó ofrecer declaraciones.
Con información de Excélsior
