A pesar de haber en su contra un total de 81 demandas penales relacionadas con ejercicio indebido de recursos públicos, peculado y malversación de fondos, un total de 26 ex alcaldes de los últimos tres trienios han librado la cárcel gozando de total impunidad, así lo revelan documentos oficiales de la Fiscalía General del Estado (FGE).
De acuerdo al oficio FGE/ DGI/2902/2016 emitido por la Dirección General de Investigación de la Fiscalía, sólo se tienen datos de demandas penales contra ex alcaldes a partir del trienio 2007- 2009, período en el que se presentaron un total de 29 denuncias, en contra de siete de ellos.
De ese período, quien encabeza la lista es el ex alcalde de Cárdenas, Salvador Aquino Almeida, en contra de quien se presentaron 12 denuncias penales.
Compras fraudulentas
En el caso de Aquino Almeida, quien inició en su período la construcción del Hospital Regional de Cárdenas, al final fue acusado de la realización de compras fraudulentas a través de empresas fantasma, compra a precios elevados, enriquecimiento desmedido a raíz de su paso por la alcaldía, y fue severamente cuestionado por la compra de 22 ranchos, así como la compra de la diputación local para su hijo.
En la lista aparecen también Antonio Priego Jiménez de Jalapa con tres denuncias penales, mientras que Jesús Selván García de Jalpa de Méndez y Fredy Martínez Colomé de Macuspana tienen abiertos dos expedientes cada uno; finalmente los ex ediles de Cunduacán, Francisco Sánchez Soberano y de Jonuta, Carlos Francisco Lastra González tienen una demanda cada uno.
Del trienio 2010-2012 fueron ocho los ex alcaldes denunciados, acumulando en conjunto 21 demandas penales, entre ellos el de Centla, Aquiles Reyes Quiroz; de Jalpa de Méndez, Renán López Sánchez; y de Tenosique, Raúl Gutiérrez Cortés con cuatro demandas penales cada uno, seguido de Juan Armando Gordillo de Dios, de Cunduacán con tres averiguaciones.
A ellos se les suman el de Paraíso, Cristóbal Javier Angulo, aunque las dos demandas en su contra quedaron sin efecto tras su fallecimiento, no así las dos querellas presentadas contra el ex edil de Tacotalpa, Ulises Solís García, mientras que Alejandro Medina Custodio, de Comalcalco y Miguel Ángel Jiménez Landero, de Emiliano Zapata, tienen una.
Con más denuncias
Fue en el trienio 2013-2015 el período en el que más denuncias penales se presentaron, con un total de 31 averiguaciones previas en contra de 11 ex alcaldes, entre ellos el de Macuspana, Víctor Manuel González Valerio; de Centro, Humberto de los Santos Bertruy; y de Teapa, Elda Llergo Asmitia, que tienen encima cinco denuncias cada uno.
También fueron demandados penalmente, Avenamar Pérez Acosta, de Cárdenas; José Armín Marín Sauri, de Emiliano Zapata, con cuatro demandas cada uno; mientras que Tiófilo Ovando Sánchez de Cunduacán y el ex alcalde interino de Huimanguillo, Lupercio Lastra Garduza, tienen 2 demandas cada uno, este último vinculado con un presunto desvío de su antecesor Francisco Sánchez Ramos.
Finalmente, aparecen en la lista el ex alcalde de Centla, Ramón Hernández Sánchez, Domingo García Vargas, de Jalpa de Méndez, Pedro Landero López, de Nacajuca, así como el ex edil interino de Comalcalco, Jesús Romero López con una demanda cada uno.
Cabe señalar que tan sólo de la cuenta pública 2015, Víctor Manuel González Valerio, Francisco Sánchez Ramos y Pedro Landero López, fueron los más señalados al desviar en conjunto 950 millones 462 mil 249 pesos en un sólo año, siendo el daño a las arcas públicas de Macuspana por $357,143,736, de Huimanguillo por $378,140,241 y de Nacajuca por $215,178,272.
Por recuperar 1,425 mdp de cuentas 2015
no solventados de las cuentas públicas 2015 de los 17 municipios, sólo se ha logrado recuperar un 5 por ciento, quedando pendientes por recuperar mil 425 millones de pesos, lo que evidencia una actuación lenta y deficiente del Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE), señaló el coordinador de la bancada del PVEM, Federico Madrazo Rojas.
El parlamentario local dijo lamentar que el trabajo del OSFE sea demasiado lento que raya en la impunidad, en donde los recursos observados que no han sido solventados, no logran ser recuperados y sólo una mínima parte es lo que se reintegra a las arcas municipales dejando sin castigo un millonario desvío de recursos.
"La aplicación de procedimientos resarcitorios para la recuperación de los recursos desviados, son una tarea vergonzosa y penosa que se ha hecho en el estado a través del OSFE, pues solamente el 5% de los mil 500 millones de pesos que señalamos el año pasado de la revisión de las cuentas del 2015 han sido resarcidos a las arcas del Estado", indicó.
Madrazo Rojas señaló que la lentitud con la que trabaja el OSFE causa mucha preocupación, toda vez que se da pie a que la revisión de las cuentas públicas de 2016 que acaba de iniciar, venga desfasada, porque todavía se estarán atendiendo procedimientos resarcitorios de la cuenta 2015, 2014 y de años anteriores.
"El trabajo del OSFE se tiene que endurecer y eficientar para que verdaderamente actúen, sancionen, castiguen y recuperen los recursos que cada trienio son desviados de los Ayuntamientos y algunas dependencias estatales sin que se sepa de sanción alguna para los autores de este atraco, que deben ser inhabilitados y sancionados, pero lo más importante es la recuperación del recurso", indicó.
De su lado el diputado del PRD, Charles Méndez Sánchez, aseveró que "son muy pocos los casos de ex alcaldes o ex funcionarios que son sancionados luego de demostrarse que han incurrido en el desvío de algún recurso público y eso es lo que debe empezar a cambiar y creo que eso se logrará con la Ley Anticorrupción, ya no se tendrá que esperar a que el Congreso dictamine, un ciudadano podrá denunciar ante un tribunal", afirmó.
