La Procuraduría General de Justicia (PGJ) inició 40 carpetas de investigación correspondientes a edificios siniestrados en la Ciudad de México tras el sismo del 19 de septiembre.
Peritos especializados indagan si las constructoras usaron materiales defectuosos o hubo fraude al vender edificios que no cumplían con los estándares mínimos de calidad.
Ayer, el procurador capitalino, Edmundo Garrido, explicó que entre los delitos por los cuales se abrieron las indagatorias está el fraude específico.
"Son carpetas que estamos iniciando por cada uno de los inmuebles. Se están iniciando por fraude específico y por posible responsabilidad de directores, responsables de obra o corresponsables.
"Por instrucciones del Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, iniciamos un programa en 40 inmuebles siniestrados", manifestó.
Para las investigaciones, la PGJ dispuso de una unidad de operación, con peritos de estructura, arquitectos, y Policía facultada.
"Vamos a precisar si los materiales de construcción tienen o no algún vicio", apuntó Garrido.
El sismo de magnitud 7.1 del martes de la semana pasada dejó, de acuerdo con las cifras presentadas ayer por Protección Civil federal, 194 muertos en la Ciudad de México.
De las víctimas mortales, la mayoría falleció en inmuebles con una antigüedad de entre 30 y 60 años.
El temblor también provocó daños en inmuebles nuevos, que dejó inhabitables.
Luis Enrique Rodríguez, perito avalado por Protección Civil, aseguró que ningún edificio construido después de 1990, bajo normas de construcción reforzadas tras el sismo de 1985, debió sufrir daños más allá de sus acabados.
La Procuraduría capitalina recibirá además denuncias por posibles fraudes de inmobiliarias y constructoras en las Fiscalías de Coyoacán, Benito Juárez, Cuauhtémoc y la de Delitos Ambientales.
"En estas cuatro mesas vamos a tener las denuncias de personas que consideren que fueron víctimas de una conducta delictiva relacionada con el sismo", precisó el procurador Garrido.
Aclaró que, hasta el momento, no tienen ninguna denuncia por saqueos a edificios destruidos ni tampoco por robos por parte de rescatistas y fuerzas armadas.
Con información de Agencia Reforma.
