Entre 2013 y 2014, una investigación periodística detectó que el Gobierno federal entregó contratos ilegales por siete mil 670 millones de pesos, y de este dinero no se sabe dónde quedaron tres mil 433 millones.
El desvío de estos recursos fue a empresas fantasma, a través de distintas dependencias y utilizando como intermediarias al menos a ocho universidades de los Estados de México, Morelos y Tabasco, según reporta la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y el diario digital Animal Político.
Si bien los contratos per se representan una violación a la Ley General de Adquisiciones, resulta aún más sorprendente la desaparición sistemática — a través de las universidades— de más de tres mil 433 millones de pesos.
Según el informe, el recurso fue emitido por 11 dependencias, entre las que se cuentan la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), durante la gestión de Rosario Robles Berlanga; el Banco Nacional de Obras (Banobras), con Alfredo del Mazo Maza —gobernador electo del Estado de México— al frente; la Secretaría de Educación Pública (SEP) durante la gestión de Emilio Chuayffet; la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) con Gerardo Ruiz Esparza como secretario; la Secretaría de Economía, con Ildefonso Guajardo; y Petróleos Mexicanos (Pemex), desde 2011, cuando era director Juan José Suárez y con Felipe Calderón en la presidencia, y continuaron en la gestión de Emilio Lozoya.
En cuanto a las casas de estudios que se convirtieron en intermediarias con 186 supuestas empresas —labor por la que recibieron comisiones de entre 10 y 15%—, la investigación apunta a la Universidad Autónoma del Estado de México y su Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (FONDICT), la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la Universidad Autónoma del Carmen (Campeche), y las tabasqueñas Popular de la Chontalpa, Politécnica del Golfo de México, Instituto Superior de Comalcalco y Tecnológica de ese Estado.
La maniobra benefició a las dependencias federales al eludir la Ley de Adquisiciones, que permite tal contratación siempre y cuando las universidades realicen al menos 51% del servicio contratado, cosa que —por cierto— no ocurrió, y en realidad se desconoce quién se encargó de la distribución de despensas, supervisión de la perforación de pozos de PEMEX y la organización de eventos, actividades para las que se establecieron los contratos.
MCCI y Animal Político sostienen que nadie ha querido asumir la responsabilidad sobre la selección de las empresas, y simplemente se responsabilizan de un bando al otro.
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