De acuerdo con la información, proporcionada a Grupo Cantón a través de transparencia, el mayor monto que ha motivado demandas fue de 101 millones 207 mil 298 pesos, correspondientes al ejercicio 2006 del municipio de Centro. Es decir, el último año de la administración de Floricel Medina Pereznieto.
La respuesta del OSFE detalla que la averiguación previa número DAPC-28/2006 continúa abierta; sin embargo, se encuentra "suspendido el procedimiento de investigación por parte de la Fiscalía". Es el mismo estado en el que se encuentran otras cuatro averiguaciones previas, por montos menores, correspondientes a los municipios de Comalcalco –ejercicios 2006 y 2009–, Macuspana –ejercicio 2008– y Centla –ejercicio 2004–.
No es la única demanda contra administraciones pasadas del municipio de Centro. Otras dos, por problemas de ejecución de proyectos de obras públicas en 2007 y 2009 están radicadas con los números de averiguaciones previas DAPC- 187/201 1 y DAPC-188/2011, por 3 millones 126 mil pesos y 5 millones 970 mil pesos, respectivamente.
En capilla
El siguiente monto más elevado de una demanda lo tiene el municipio de Jalapa, con 78 millones 631 mil pesos, con número de averiguación previa DAPC-139/2011, otra demanda por 29 millones 198 mil pesos con número DAPC-140/2011 y una má s , p or 102 mi l p e s os DAPC-84/2013 . Al respecto, el OSFE refiere que se encuentran en trámite por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE). Las irregularidades financieras y en la ejecución de proyectos de obras fueron en los 2008 y 2009, en cuando el presidente municipal era Antonio Priego Jiménez.
También destaca Macuspana con cuatro demandas por un total de 111 millones 251 mil 915 pesos, por malos manejos en los ejercicios fiscales de 2006, 2008 y 2009, correspondientes al trienio de Fredy Martínez Colomé.
En el caso de Comalcalco tiene dos demandas abiertas en su contra por obras públicas y manejos financieros en 2006, y otra en 2009, con números de averiguaciones previas DAPC-27/2008 y DAPC-96/2011. Sin embargo, se desconoce el monto que motivó al OSFE a presentar las denuncias correspondientes a las administraciones de Gregorio Arias Pérez y Héctor Peralta Grappin, respectivamente.
Recomiendan transparencia
El monto observado por la AS F es de aproximadamente 850 millones de pesos. La muestra observada comprenden recursos del Fondo de aportaciones para los servicios de salud, de PROS PERA Programa de inclusión social en su componente de Salud, del Fondo para el fortalecimiento de la infraestructura estatal y municipal, así como del subsidio a los municipios y demarcaciones que ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública.
Atienden recomendaciones
Como consta en la auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16- A-27000-02-1558 1558-DS-GF, la AS F emitió recomendaciones y pliegos con observaciones para que el Gobierno del Estado las subsane. En su momento, el gobernador Arturo Núñez Jiménez asumió ese compromiso.
La ASF hizo especial hincapié en que se mejoren los mecanismos de transparencia en lo que se refiere a los gastos federalizados que se ejercen a nivel local. Señaló, por ejemplo, como falta de procedimiento normativo el que no se incluyeran en el Programa Anual de Evaluación los resultados obtenidos con el Fondo de aportaciones para los servicios de salud.
Sotop y Finanzas con juicios abiertos
La siguiente demanda más importante por el monto que se investiga es contra la Junta Estatal de Caminos, también por malos manejos en proyectos de obras en el 2012, por 34 millones 946 mil 345 pesos.
También Finanzas
Respecto a cuatro demandas interpuestas contra la Secretaría de Finanzas, también por malversaciones en 2012, el OSFE no especificó los montos, aunque en el caso de la averiguación previa número DGI-206/2014 es por 22 millones 818 mil 151 pesos, misma que se encuentra en trámite en la FGE.
Cabe señalar que también la Junta estatal ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco tiene una demanda por 13 millones 148 mil 802 pesos, por malos manejos en la adquisición de obra pública en el 2011. La averiguación previa número DGI- 270/2014 culminó el 4 de febrero de 2016, pues se acordó el no ejercicio de la acción penal.
