A las 14:00 horas locales arribó el político mexicano Roberto Borge Angulo, ex gobernador de Quintana Roo, a un edificio del Órgano Judicial de Panamá en esta capital en el que un tribunal de este país determinará esta tarde si acepta o rechaza que sea extraditado de Panamá a México para que enfrente el presunto delito federal de “blanqueo” de dinero y tres acusaciones por cargos estatales.
En la audiencia, programada para las 16:30 (mismo tiempo del centro de México), el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Circuito Judicial de Panamá, de esta ciudad, decidirá si aprueba o deniega la extradición, pedida formalmente por el gobierno mexicano el 24 de julio a Panamá.
Esposado de las manos hacia adelante, Borge ingresó al edificio en Plaza Ágora, en el sur capitalino, procedente de la cárcel de El Renacer, cercana a esta ciudad, ubicada en el litoral panameño en el Océano Pacífico y en la que permanece desde el pasado 9 de junio.
Si está en contra del veredicto, Borge puede apelar ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Panamá. La sesión se llevará a cabo en la Sala 1 del Órgano Judicial en Plaza Ágora.
Borge compareció ayer, de las 17:45 a las 20:24 horas, ante esa dependencia y desistió de aceptar y allanarse a la extradición, derecho al que puede acogerse en cualquier momento del proceso. En una primera comparecencia el 6 de junio pasado frente a esa misma instancia, se negó a allanarse y rechazó la posibilidad de ser extraditado por un proceso rápido a México.
A petición del gobierno de México y con fines de extradición, el ex gobernador fue arrestado el 4 de junio anterior por las autoridades panameñas en el aeropuerto internacional Tocumen, de esta ciudad, cuando estaba dentro de un avión de una aerolínea comercial en el que pretendía viajar a Francia.
La orden de arresto del político fue emitida 31 de mayo anterior por el Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de México por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita “lavado” de dinero, al ocultar o pretender ocultar el destino de diversos bienes de origen ilegal durante su gestión como gobernador, de 2011 a 2016.
En la solicitud formal que presentó en la mañana del lunes de la semana pasada a Panamá, el gobierno mexicano añadió tres aparentes delitos estatales en Quintana Roo, con órdenes judiciales de aprehensión emitidas por autoridades judiciales de la ciudad mexicana de Chetumal en junio y julio de este año: peculado, desempeño irregular de función pública y aprovechamiento ilícito del poder.
Con información de El Universal
