Hoy dieron a conocer que el Gobierno federal tendrá que indemnizar a Florence Cassez a quién acusaron de colaborar con una banda de secuestradores en 2005.
La joven recibiría alrededor de seis millones de dólares. Todo por que las autoridades no siguieron las reglas para procesarla.
En una entrevista con 24 Horas, el abogado, Rubén Antonio Tamayo explicó que aunque no hay una ley orgánica en la que se determine que por cada día de la privación de la libertad equivalga a un día o diez días de salario mínimo vigente del lugar en que se originó el daño moral que sufrió, lo pueden tasar entre cinco a seis millones de dólares.
En tanto Luis Huacuja Acevedo, consultor e investigador en Unión Europea, recordó que la demanda que la francesa presentó en 2015 fue rechazada (por el juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil) donde pedía una reparación de daño moral al ex presidente Felipe Calderón y solicitaba 36 millones de dólares.
En 2005 fue detenida en México y en 2009 condenada a 60 años de cárcel y aunque hoy la francesa vive en país natal divorciada y con una hija, en espera la indemnización se resuelva, mientras se prepara para llevar al cine la historia de su vida.
EL CASO
Por Miguel Carbonell
El 9 de diciembre de 2005 policías de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), que dependía de la Procuraduría General de la República, detuvieron sobre la carretera libre México-Cuernavaca a Florence Cassez e Israel Vallarta.
A partir de ese momento comenzó una de las farsas judiciales más memorables en la historia de México.
Tuvieron que pasar 7 años para que la Primera Sala de la Suprema Corte, gracias a los decisivos votos de los ministros Arturo Zaldívar (autor original del proyecto de sentencia que fue finalmente aprobado), Olga Sánchez Cordero y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena ordenaran la libertad inmediata de Florence Cassez y pusieran un alto a la serie de errores y violaciones constitucionales que se cometieron en su contra.
No hace falta recordar ahora el vergonzante “montaje televisivo”, admitido por las propias autoridades en complicidad con Televisa y TV Azteca; no hace falta traer a colación una vez más la debilidad de los testigos, que se desdijeron una, dos y hasta tres veces respecto de sus versiones originales; no viene al caso citar los testimonios de descargo, de personas que entraron en la cabaña en la que supuestamente estaban los secuestrados y no vieron nada (el jardinero que limpiaba el jardín en el rancho de Israel Vallarta, por poner un ejemplo); no vale la pena traer a colación las enormes mentiras de los policías encargados de realizar el operativo, quienes ni siquiera se pudieron poner de acuerdo en la hora a la que lo realizaron (me refiero al operativo verdadero, no al que recrearon, al día siguiente, frente a las cámaras de Televisa). Todo eso es conocido y nadie ha movido ni un dedo para desmentirlo.
De todos los libros que se han publicado sobre el famoso caso Cassez, ninguno (ni uno solo), ha sido para denostar la sentencia de la Suprema Corte o para avalar las trapacerías de la PGR. Obras de autores tan respetables como José Reveles, Luis de la Barreda Solórzano o Emmanuel Steels han venido a subrayar las mentiras de la maquinaria oficial que se puso en marcha para masacrar a dos personas (Florence Cassez e Israel Vallarta), pero que en realidad funciona de la misma manera respecto a muchísimos otros detenidos cuyo único delito es el de ser pobres, no tener contactos, no haber podido darle mordidas a sus aprehensores, o ser demasiado poco inteligentes para haber caído en las redes del sistema penal mexicano.
Todavía hoy, para escándalo y vergüenza nacional, hay quienes —sin haber leído el expediente original ni la sentencia de la Corte—, piensan que la liberación de Cassez fue un exceso, ya que en efecto es una “secuestradora”. Suelen ser las mismas personas que llevan años defendiendo la pena de muerte, las mismas que nunca se han preocupado por las miles de detenciones arbitrarias que se realizan en México, las mismas que nunca han elevado la voz por los desaparecidos y las mismas que (precisamente) se han enriquecido haciendo negocios con dinero público y privado gracias a que se publicitan como “víctimas” o defensoras de las víctimas.
Años después de esa gran sacudida nacional que fue el caso Cassez debemos valorar como nunca la importancia del debido proceso legal, el daño que le hacen a la justicia las autoridades que presentan ante los medios de comunicación a los detenidos, la relevancia de la presunción de inocencia y la imperiosa necesidad de tener una Suprema Corte integrada por personas que no se dejen presionar.
Casos como el de Cassez deben generar una “pedagogía nacional” para que no se vuelvan a repetir y para que pongamos más atención en el quehacer de las autoridades. Infortunadamente todo parece indicar que el clima de la opinión pública es contrario a los valores que la Corte nos enseñó que son importantes al decidir el caso Cassez. Y ni hablar de las autoridades: siguen viviendo en el espacio exterior. Nada les interesa ni les preocupa en relación a los derechos humanos de los detenidos. Sin embargo, el caso inauguró una época en la reflexión sobre ese tema. Es nuestra responsabilidad contribuir a que no se olvide.
Con información de Debate
