Al cumplirse el plazo constitucional para que todos los estados de la República pusieran en funcionamiento sus sistemas anticorrupción, sólo 29 entidades cuentan con una ley satisfactoria en la materia, ocho de ellas se consideran regulares y faltan Chihuahua y Veracruz.
Transparencia Mexicana así lo informó al dar a conocer los resultados del “semáforo anticorrupción”, el cual mide el cumplimiento de esa obligación legal de los estados, y se estableció en febrero en coordinación con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
El plazo legal ya venció, señala Transparencia Nacional en un comunicado, al recordar que la fecha límite era el 18 de julio y, hasta este miércoles, casi todos los estados de la República, con excepción de Chihuahua y Veracruz, ya habían realizado las reformas constitucionales necesarias.
Sin embargo, de dichas reformas constitucionales, sólo 22 se consideran satisfactorias, ocho, regulares, y una deficiente, la de Baja California.
En ese sentido, Transparencia, IMCO y Coparmex, creadores del “semáforo”, manifestaron su preocupación por la conformación deficiente del Comité de Participación Ciudadana en Baja California.
A pesar de que los sistemas locales deberían, idealmente, replicar el sistema nacional, en Baja California el comité está integrado por 15 miembros (el de nivel nacional tiene cinco) y de ellos 11 forman parte del Comité Coordinador.
También preocupa que en Tabasco, a pesar de tener una reforma constitucional regular, no se establece la obligación explícita de presentar declaraciones patrimonial y de intereses.
De las 21 leyes locales que se consideran satisfactorias, se estima que tuvieron una adecuación de 93.7 por ciento a la ley modelo presentada por las organizaciones, y que se promovieron por correo electrónico y hasta por teléfono con los legisladores locales. Tlaxcala permanece sólo con una iniciativa de ley satisfactoria.
Se tiene información de que el Congreso sesionó, pero no hay información oficial sobre la aprobación. Baja California y Jalisco ya tienen una ley aprobada el día 18 de julio, sin embargo, no se ha revisado el dictamen. Chihuahua y Veracruz continúan sin propuestas para diseñar sus sistemas locales anticorrupcción.
En Hidalgo se agregaron cinco contralores municipales al Comité Coordinador, con valor de un voto que se toma por mayoría. Ese consenso se pone en peligro ante la ausencia de uno de los contralores.
Respecto al proceso en la Ciudad de México hay preocupación, pues la Asamblea Legislativa nombra al secretario técnico sin respetar del modelo de la ley general, además de que se eliminaron los requisitos de no formar parte de un partido político o haber desempeñado cargo de elección popular en cuatro años.
La ley señala la creación de una comisión de selección, pero no específica que deban formarla ciudadanos, y se agregaron dos miembros al Comité Coordinador: el Órgano de Control Interno del Congreso y el Consejo de Evaluación.
Con información de 20 Minutos
