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25 noviembre, 2024

Regiones

Giran PGR y la Fiscalía órdenes de aprehensión

En el estado de Quintana Roo, el resultado del último proceso electoral fue el reflejo del hartazgo de la ciudadanía por los abusos e impunidad de las últimas administraciones estatales.

La exigencia para el hoy gobernador emanado de una alianza opositora al Partido Revolucionario institucional, Carlos Joaquín González, además de las inherentes al fortalecimiento del estado en todos los rubros, fue investigar y fincar sendas responsabilidades a los ahora ex funcionarios públicos que defraudaron el erario público y a la propia ciudadanía con actos que permanecían en la impunidad y que destacaron además, por arrebatar tierras propiedad del estado para su venta fraudulenta, e incluso despojar a particulares de sus legítimas posesiones.

Esa fue, de hecho, una de sus promesas de campaña.

Con el paso del tiempo, la administración estatal y sobre todo, el esfuerzo de organizaciones ciudadanas como "Somos tus Ojos A.C., entre otras, entraron en un exhaustivo trabajo de documentación y análisis de los hechos ilegales, que paulatinamente han permitido configurar sendas denuncias ante las autoridades estatales y federales con nombres, apellidos, montos, actos ilegales, entre otras presuntas irregularidades sancionables con base en las leyes.

Juan Gabriel Concepción Mendicuti Loría

La presión de la ciudadanía ha sido constante hacia la actual administración pública estatal para exigir resultados palpables y "que paguen los responsables".

No obstante, la estrategia cuidada en todo momento fue documentar y comprobar las irregularidades para luego denunciar y dejar en manos de la autoridad el deslinde.

Así, luego de que la propia Fiscalía General del Estado (FGE) llamara a cuentas a Mauricio Rodríguez Marrufo, Paulina García Achach y Carlos Acosta Gutiérrez; ex titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), ex sub secretaria de Seduvi, y ex director de la paraestatal, VIP Saesa; respectivamente, la tan esperada caída de los "notables" ha sido consecuente.

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De esta manera, Grupo Cantón ha dado a conocer en exclusiva, la lista de personajes de la pasada administración quienes han sido obsequiados con órdenes de aprehensión por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), así como de la FGE, en sus publicaciones con fechas 17 y 18 de julio.

Carlos Bibiano Villa Castillo

LAS PRIMERAS ÓRDENES

El 15 de julio, se dio a conocer que la PGR libró órdenes de aprehensión en contra de Bibiano Villa Castillo y Gabriel Mendicuti Loría, ex secretario de Seguridad Pública y ex secretario de Gobierno en la administración de Roberto Borge Ángulo por malversación de recursos federales por varios millones de pesos.

Una fuente al interior de la dependencia federal dio a conocer que a Mendicuti Loría se le señala por su probable responsabilidad en la comisión del hecho que la ley señala como delito de desempeño irregular de la función pública, que es previsto y sancionado con pena privativa de la libertad y multa por el Artículo 207 fracción V en relación al numeral 206, por lo que en los próximos días se cumplirá la orden en su contra.

Mientras que Bibiano Villa Castillo es señalado de delito federal y hasta el momento es el único ex funcionario estatal que no ha tramitado un amparo y podría ser aprehendido, para que responda a la denuncia que existe en su contra.

Aunado a estas órdenes, se suman también las de Juan Pedro Mercader Rodríguez, Juan Pablo Guillermo Molina, Fernando Escamilla Carrillo y Mauricio Góngora Escalante, ex titulares de Seguridad Pública, de Hacienda, Sintra y ex alcalde de Solidaridad, respectivamente, durante la gestión de Roberto Borge Ángulo, como presuntos responsables de desvío de recursos federales.

Juan Pablo Guillermo Molina

LAS IRREGULARIDADES

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Durante su estancia al frente de la corporación policiaca, Mercader Rodríguez fue severamente cuestionado por la ciudadanía, ya que no era policía de carrera, sino que era el primer civil en ocupar este cargo.

Mientras que Guillermo Molina, quien además tiene un proceso de juicio político en su contra, se encuentra inmiscuido en el presunto desvío de 220 millones de pesos del Impuesto al Hospedaje que no fueron entregados a los fideicomisos de promoción turística de Quintana Roo.

Góngora Escalante, tiene que comprobar el destino de 400 millones de pesos durante su gestión al frente de la Comuna playense, al igual que su ex tesorero, Rafael Castro Castro.

Escamilla Carrillo es acusado del desvío de recursos federales en obras que ocasionaron polémica durante la pasada administración estatal como son el Auditorio del Bienestar, magno centro de espectáculos, o los domos deportivos, que costaron el doble del presupuesto que en otros Estados.

El 17 de julio, se dio a conocer que por desempeño irregular de la función pública, la FGE giró órdenes de aprehensión en contra de cinco ex funcionarios: Román Quian Alcocer, ex secretario de gobierno; Luis Alberto González Flores, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural; Roosevelt Ercé Barrón Barrera, ex titular de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo); Mario Castro Basto, ex delegado de Diconsa; y Víctor Hugo Loyola Corona, ex Procurador Fiscal de Sefiplan.

Juan Pedro Mercader Rodríguez

El miedo no anda…

A fin de evitar la acción de la justicia, estos ex borgistas ya tramitaron sus respectivos amparos, aunque el documento no los exime de ser presentados y aclaren la situación de que se les señala.

Entre las irregularidades que se le acusan a Castro Basto se encuentra el desperdicio de alimentos, pero también del faltante de más de 400 mil pesos de mercancía.

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González Flores es presunto responsable del manejo irregular de recursos en la Sedari, donde no se han podido comprobar los gastos de alrededor de mil mdp.

Ercé Barrón Barrera, Flores González y Loyola Corona, formaron parte del Comité de Adquisiciones de la empresa VIP Saesa, por lo que aún no se aclara el monto que se designó a la utilización de avionetas y helicópteros por parte de funcionarios estatales.

José Mauricio Góngora Escalante

ÓRDENES LIBERADAS POR LA PGR

Carlos Bibiano Villa Castillo
Exsecretario de Seguridad Pública
»» Es señalado por delito federal y hasta el momento es el único ex funcionario estatal que no ha tramitado un amparo y podría ser aprehendido.

Juan Gabriel Concepción Mendicuti Loría
Exsecretario de Gobierno
»» El exfuncionario yucateco tiene dos averiguaciones previas en su contra, 143/2015 y 146/2016.

Juan Pablo Guillermo Molina
Extitular de Sefiplan
»» Tiene un proceso de juicio político en su contra, está inmiscuido en el presunto desvío de 220 millones de pesos del Impuesto al Hospedaje.

Juan Pedro Mercader Rodríguez
Exsecretario de Seguridad Pública
»» Fue el primer civil en ocupar la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública, antes fue titular del desaparecido Infovir, desde donde, al parecer, se gestaron ventas de terrenos de manera irregular.

José Mauricio Góngora Escalante
Expresidente de Solidaridad
»» Deberá comprobar el destino de 400 millones de pesos durante su gestión al frente de la Comuna playense, al igual que su ex tesorero, Rafael Castro Castro.

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Fernando Escamilla Carrillo
Extitular de Sintra
»» Tiene otra orden de aprehensión por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Fernando Escamilla Carrillo

ÓRDENES LIBERADAS POR LA FGE

Román Quian Alcocer
Exsecretario de gobierno
»» Es acusado por desempeño irregular de la función pública.

Luis González Flores
Extitular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural
»» Es presunto responsable del manejo irregular de recursos en la Sedari, en donde no se han podido comprobar los gastos de alrededor de mil millones de pesos, principalmente en supuestos apoyos al campo.

Mario Castro Basto
Exdelegado de Diconsa
»» Es investigado por el lamentable desperdicio de alimentos, pero también del faltante de más de 400 mil pesos en mercancía, la cual al parecer era vendida y al esconderla, muchos productos se echaron a perder.

Roosevelt Ercé Barrón
Extitular de la Apiqroo Víctor
Hugo Loyola
ExProcurador Fiscal de Sefiplan
»» Formaron parte del Comité de Adquisiciones de la empresa VIP Saesa, por lo que aún no se aclara el monto que se designó a la utilización de avionetas y helicópteros por parte de funcionarios estatales.

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