Además de la orden de arresto federal que tiene Fernando Escamilla Carrillo en contra, también tiene otra por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) al igual que Gonzalo Abelardo Herrera Castilla, ex titular de la Función Pública, como probables responsables de la comisión del hecho que la ley señala como el delito de desempeño irregular de la función pública.
LAS IRREGULARIDADES
Durante su estancia al frente de la corporación policiaca, Mercader Rodríguez fue severamente cuestionado por la ciudadanía, ya que no era policía de carrera, sino que era el primer civil en ocupar este cargo y anteriormente era el titular del desaparecido (Instituto de Fomento a la Vivienda) Infovir, desde donde, al parecer se gestaron ventas de terrenos de manera irregular.
Mientras que Guillermo Molina, quien además tiene un proceso de juicio político en su contra, se encuentra inmiscuido en el presunto desvío de 220 millones de pesos del Impuesto al Hospedaje que no fueron entregados a los fideicomisos de promoción turística de Quintana Roo.
Además, entre otras cosas deberá comprobar los recursos con los cuales se adquirieron en forma “ilegal” 300 hectáreas en el Ejido de Ulila, Ucú, Yucatán, lo cual fue denunciado por sus legítimos propietarios.
Por su parte, el ex alcalde de Solidaridad y ex candidato del PRI a la gubernatura de Quintana Roo, Góngora Escalante, tiene que comprobar también el destino de 400 millones de pesos durante su gestión al frente de la Comuna playense, al igual que su ex tesorero, Rafael Castro Castro.
DOBLE ORDEN
El ex titular de Sintra, Escamilla Carrillo, se encuentra acusado también de desvío de recursos federales en obras que ocasionaron polémica durante la pasada administración estatal como son el polémico Auditorio del Bienestar o los domos deportivos, que costaron el doble del presupuesto que en otros Estados del país.
Una de las magnas obras borgistas fue el auditorio, ya que para su construcción se destinaron 244 millones de pesos, en donde el tiempo de ejecución que se proyectó para la obra fue de 210 días, es decir, siete meses, y el inmueble tendría una capacidad máxima de asistentes para 12 mil personas.
En su momento, Roberto Quiroz y Romero, presidente del Colegio de Ingenieros, reconoció que le llamaba la atención que el edificio ya estuviera prácticamente listo en tiempo récord y que no fuera inaugurado.
Pero, sobre todo, aseguró, que la información sobre la construcción no haya estado disponible y que tampoco se cumplieran algunos requisitos que toda obra debe de reunir.
“No nos dejaron entrar, había una cerca y salieron muchos rumores: ‘Que si hay una parte que no se cimentó bien, que tenía algún desplazamiento’, pero a fin de cuentas no se dio la oportunidad de hacer la inspección y determinar si hay o no hundimientos”, dijo el experto.
Además, que la obra pese haber sido realizada con recursos del gobierno federal, no se tramitó ninguna licencia de construcción y no contó con un Director Responsable de Obra (DRO).
Incluso, no hubo acceso a la memoria descriptiva, al procedimiento constructivo y al tipo de cimentaciones que utilizaron, pese a que fue una obra pública, de la cual el Colegio de Ingenieros solicitó la información al gobierno, así como también se debió efectuar una licitación o determinar bajo qué circunstancias se asignó su edificación.
Aunado a esto, también se llegó a denunciar el incremento en los costos de construcción de los domos deportivos que se realizaron en diferentes municipios del estado, ya que en sitios como Yucatán tuvieron un costo de 500 mil pesos y en Quintana Roo fueron de más de un millón de pesos cada uno.
FRENÓ INVESTIGACIONES
Mientras que Herrera Castilla, cuando fungió como secretario de la Función Pública en la administración de Borge Angulo, frenó las investigaciones en contra de 30 ex funcionarios públicos que incurrieron en malos manejos de fondos federales.
Según el informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la mayoría de los procedimientos de Responsabilidad Administrativa fueron en base a las observaciones que se hicieron de la cuenta pública de los ejercicios fiscales 2011-2013.
Entre las irregularidades que se le encontraron fue no iniciar el procedimiento administrativo por actos de omisión en el cumplimiento de 34 contratos relacionados con la compra de medicamentos y por aportaciones no pagadas del Programa de Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística.
