Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, fue extraditado de vuelta a México este lunes para enfrentar cargos por delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito. La Procuraduría General de la República tuiteó las primeras fotos y videos de la llegada del político acusado al Aeropuerto de la Ciudad de México. En todas las imágenes, la dependencia distorsionó el rostro de Duarte, a pesar de que es uno de los rostros más reconocibles en México.
La modificación de las fotografías fue cuestionada por decenas de usuarios en Twitter y Facebook. Varios usuarios se preguntaban por qué la PGR pretender proteger la identidad de uno de los políticos más polémicos en México en los últimos años.
Bajo el nuevo Sistema de Justicia Penal en México, las autoridades deben ocultar la identidad de las personas que enfrentan cargos, pero aún no reciben una sentencia. Esto significa que las autoridades no podrán presentar a personas recientemente arrestadas ante la prensa, como se ha hecho desde hace décadas en el país. La ley entró en vigor a principios de junio del 2017.
“El Código Nacional de Procedimientos Penales establece que la unica hipotesis para dar a conocer el rostro del acusado es cuando este se encuentre prófugo y se requiera la colaboración de la sociedad”, explica a Verne Gabriel Regino, abogado penalista, vía telefónica. “Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Suprema Corte han coincidido en que el derecho a la presunción de inocencia abarca la difusión del rostro y el nombre del inculpado”.
Regino añade que en el caso de la recaptura de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, este ya había recibido una sentencia y se encontraba fugitivo. “El Chapo fue juzgado y sentenciado por la autoridad previamente, por eso su rostro ya se podía dar a conocer dado que no había ninguna presunción de inocencia”, dice. Además, el narcotraficante fue arrestado antes de que entrara en vigor el nuevo sistema de justicia.
El recién instaurado procedimiento penal establece que la protección de la identidad de los acusados busca prevenir una condena social anticipada. Duarte, sin embargo, al ser una figura pública, ya está sujeto a este escrutinio público. La PGR y las autoridades judiciales, por otro lado, “deben de guardar con pulcritud todos los protocolos correspondientes”, comenta el abogado penalista.
La PGR ya había hecho intentos por proteger la identidad del exgobernador cuando difundió información sobre su búsqueda en 2016 bajo el nombre de Javier N. Esto también despertó críticas de varios usuarios en Twitter.
