La disputa de cárteles por Cancún recrudeció la sensación de inseguridad en la ciudad y cambió los hábitos de residentes y turistas. Hasta hace una década, por las calles de Cancún podía caminarse durante las noches y las madrugadas sin temor; parejas, familias y grupos de amigos disfrutaban de la vida nocturna de la ciudad, en restaurantes, bares o discotecas, sin que la hora fuese un problema. Hoy lo es. La gente ha prescindido de la realización de actividades antes cotidianas, por miedo a ser víctimas de algún delito o de verse inmiscuidos en hechos violentos.
Un diagnóstico en materia de seguridad pública y gobernabilidad, encargado por el gobierno de Quintana Roo a Lantia Consultores en 2016, es crudo y directo: Hay presencia de cárteles, células y bandas criminales locales, particularmente en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Othón P. Blanco, Cozumel y Felipe Carrillo Puerto; es decir, casi en la mitad del estado. Los ubicados son el Cártel del Pacífico y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que operan en Cancún y en Chetumal; sus células se movilizan en otros municipios.
“El Cártel del Golfo y Los Zetas no tienen una estructura clara y se hallan diseminados en distintas células criminales afines y en ocasiones antagónicas, como en el caso de Tamaulipas. En Quintana Roo se registran dos grupos vinculados con estas organizaciones: Los Sureños, relacionados con Los Zetas, y Los Pelones, célula afín al Cártel del Golfo”, indica el análisis.
Ese mismo diagnóstico —citado en el Programa Estatal de Desarrollo— revela que existen grupos criminales locales “en ocasiones relacionados con actores o grupos políticos”, que se dedican al tráfico de mercancías, personas, piratería, comercio informal y narcomenudeo”.
El documento confirma las declaraciones hechas por militares, luego del ataque a la Fiscalía General, en enero pasado, en torno a la existencia del llamado Cártel de Cancún, compuesto por desertores de otros cárteles.
La ciudad de 10 del alcalde Verde
El lema de campaña del actual presidente municipal de Benito Juárez, Remberto Estrada (PVEM), quien entró en funciones en septiembre pasado, fue hacer de Cancún, una ciudad de 10; sin embargo, la violencia no cesa. En lo que va del año suman 75 homicidios; los asaltos a transeúntes, negocios o instituciones bancarias y balaceras son cada vez más recurrentes e incluso ataques a la Fiscalía, atentados y homicidios de policías, como el ocurrido el pasado 8 de julio, cuando un oficial municipal fue acribillado en una colonia popular.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENPIVE) 2016, que realiza el Inegi, indica que 57.5% de la población percibe la inseguridad y la delincuencia como los problemas más importantes del estado. Le siguen el desempleo con 40.8% y la corrupción con 35.7%. Advierte que existen 10 actividades que los habitantes de este destino realizaban cotidianamente, pero que han dejado por el miedo a ser víctimas de algún delito.
En el Cancún de 10: 69.9% de los habitantes dejaron de usar joyas y 52.7% dejaron de llevar dinero en efectivo. Además, 36.3% ya no sale a caminar, 33.4%, no toma taxi y 31.7% ya no porta tarjetas de crédito. La lista sigue, 28.2% ya no visita a parientes o amigos, 20.8% ya no salen a comer, 24.4% dejó de ir al cine y 52.5% no sale por las noches.
Al hablar sobre este panorama, la criminóloga, Mónica Franco, señala que la realidad es que la sensación de miedo ha aumentado entre las y los cancunenses. “La integridad sicológica ha sido afectada y la percepcion de inseguridad ante el aumento de la violencia es innegable”.
En entrevista con EL UNIVERSAL, la también investigadora identifica tres razones que explican el trance por el que atraviesa Cancún. Una de ellas, el debilitamiento institucional, que aumentó en los últimos seis años.
“Hubo un abandono casi total al mantenimiento de la infraestructura de seguridad, porque aunque entraron millones de pesos por parte de la federación, el dinero no se usó o se utilizó de forma ineficaz.
Cuando no tienes para la gasolina de patrullas, ni equipamiento para los policías, ni papelería, no puedes esperar nada mas que lo que hay”, dijo.
El segundo factor es la corrupción, que permea a todos los niveles y cuyas consecuencias suelen traducirse en impunidad para quienes delinquen, provocando desconfianza, recelo y “un divorcio” entre la autoridad y la ciudadanía. El tercero es la operación del crimen organizado y de cárteles de la droga que además se sembrar terror y ejercer el control, se filtran en las corporaciones policiacas, pervirtiéndolas.
Números que no checan con la realidad
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indica que en cinco años, delitos como el secuestro, disminuyeron, entre 2011 y 2015, pasando de 21 a cinco casos. Hasta septiembre de 2016 hubo un solo plagio.
El delito de homicidio doloso también bajó entre 2011 y 2014, pero repuntó en 2015 al incrementarse en 33%, respecto al año anterior. Por ejemplo, en 2011 se registraron 269 homicidios dolosos y en 2016, hubo 97 casos.
La extorsión tuvo apogeo entre 2012 (229) y 2014 (260); pero en 2015 bajó 44%, cuando se registraron sólo 116 casos.
Al conocer los números, Gabriela —por seguridad omitimos los apellidos—, coordinadora de carrera en una universidad de la ciudad, las cifras le importan poco. Para ella lo que vale es aquella tarde de mayo que llegó con su madre y su hija a casa y se topó con que había sido víctima de la delincuencia, lo que la inundó de miedo, enojo y frustración.
Vanessa dejó de sentirse en el paraíso desde que se percató de que en la cuadra en la que vive con su familia, recurrentemente hay homicidios, se montan cateos y operativos policiacos o aprehenden a alguna persona.
Con información de El Universal
