El comisionado general de la Policía Federal (PF), Manelich Castilla, pidió cambios legales al nuevo Sistema de Justicia Penal para que éste no vaya en detrimento de la sociedad.
Entrevistado en el Senado, Castilla dijo que, si bien acata y respeta el nuevo sistema, es difícil entender que no puedan encarcelar a quien porta un arma que tiene la capacidad para derribar un helicóptero.
El mando de la PF confió en que el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la liberación de reos peligrosos Pascal Beltrán del Río 2 Francisco Garfias 4 Jorge Fernández Menéndez 8 María Amparo Casar 10 Carlos Ornelas 11 Yuriria Sierra 12 Félix Cortés Camarillo 20 tenga una valoración ética que no afecte a la sociedad.
Respecto de esta polémica, el Poder Judicial de la Federación reportó que 55.5% de los delitos en causas penales presentadas ante los Centros de Justicia Penal Federal son por portación de arma de fuego.
En el informe titulado Avances en la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia , de noviembre de 2014 a la fecha, se indica que cuatro de cada diez causas penales iniciadas ante un juez están en trámite.
El Congreso de la Unión revisará en septiembre el sistema de justicia acusatorio, dijeron los legisladores Graciela Ortiz y Jesús Zambrano.
“Inconcebible, liberar a portadores de Barrett”
Asevera que no se trata de estar a favor o en contra del nuevo sistema penal garantista, sino de que no se vaya en detrimento de la sociedad.
Con la aclaración de que la Policía Federal respeta y acata las reglas del nuevo sistema penal garantista, el Comisionado General de la Policía Federal, Manelich Castilla, pidió cambios legales al modelo, para que la policía pueda servir a las víctimas, pues es difícil entender que no puedan encarcelar a quien porta una Barrett, que tiene capacidad para derribar un helicóptero.
Entrevistado en el Senado, donde participó en un foro sobre ciberseguridad, Manelich Castilla aclaró que no se trata de que existan “bandos de quienes estemos en favor o en contra; el sistema está ahí y es un gran avance para nuestro país”, pero pidió que las valoraciones de la Suprema Corte de Justicia no vayan en detrimento de la sociedad.
Entre los aspectos que la Policía Federal consideró se tienen que cambiar están los criterios para la autorización de portación de armas de grueso calibre y “figuras como aquellas que tienen que ver con la tasa probatoria que se pide inicialmente a las policías para acreditar conductas que sucedieron en fracciones de segundo y que merecerían una posibilidad de cumplir con el objetivo de que estas personas sean procesadas y que se valoren muy bien los hechos”.
Resaltó que “tenemos casos en donde se tienen Barretts; para que se entienda, son armas capaces de derribar un helicóptero, con una cantidad muy importante de cartuchos que necesariamente no se van a emplear para fines de esparcimiento de cacería”; o “lanzagranadas, que no necesariamente se van a emplear con fines de esparcimiento; eso es obvio. Este tipo de figuras son las que tenemos que revisar y que de ninguna manera esto es confrontarnos al Sistema de Justicia Penal.
“Respetamos el Sistema de Justicia Penal. Somos partidarios de la evolución de un sistema que aspira a ser garantista. Creemos en los derechos humanos”, refrendó.
Pero el jefe de la Policía Federal aclaró que también quieren que esos derechos humanos apliquen para la propia policía: “Estamos muy interesados en que todos los días se construya un mejor marco de derechos humanos, pero también queremos un marco de derechos humanos para el policía. Un marco que permita que la actuación eficaz termine por lo menos con una vinculación a proceso, y estamos dispuestos y abiertos a exponer estas ideas; es parte del ejercicio que se nos exige como policías.
“Somos representantes también de los intereses de una sociedad que quiere vivir más segura. El único llamado es a eso, a que revisemos aquello que puede hacer mejor nuestro sistema”, dijo.
Reiteró que la Policía Federal está preparada para atender cualquier escenario, como la posible salida de delincuentes y aclaró que “nosotros no nos vamos a pronunciar en torno al tema, salvo el decir que estaremos siempre dispuestos a estar a la altura del reto que nos deparen las resoluciones de carácter judicial”.
Confió en que el fallo de la Corte sobre la liberación de reos peligrosos tenga una valoración ética… que no vaya en detrimento de la sociedad.
POR ARMAS, 55% DE DELITOS
Un total de 55.5% de los delitos en causas penales presentadas ante los Centros de Justicia Penal Federal (CJPF) de todo el país son por portación de arma de fuego, le siguen los relacionados en contra de la salud y posteriormente el robo de hidrocarburos.
Según datos del Poder Judicial de la Federación (PJF) también sobresalen, aunque en menor medida, los delitos fiscales, contra el medio ambiente, secuestro, tráfico de personas, así como los ilícitos patrimoniales.
De acuerdo con un informe sobre los Avances en la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia, de noviembre de 2014 a la fecha, cuatro de cada diez causas penales iniciadas ante un juez están en trámite y tan sólo un 28.8% han sido finalizadas. En las demás causas se presentaron detenciones ilegales, no se vinculó a proceso al imputado, fueron suspendidas o bien, se desecharon.
Según el propio documento, la medida cautelar que se impone con más frecuencia es la prisión preventiva. Para ello, el Ministerio Público ha presentado 5 mil 120 solicitudes, de las cuales se han concedido 3 mil 665.
Tras la prisión preventiva, y sin detallar el tipo de delito, se posiciona la libertad bajo caución que conlleva a la presentación periódica ante la autoridad judicial, medida que se ha impuesto a 3 mil 471 personas imputadas en beneficio de la presunción de inocencia.
Según los datos estadísticos del PJF, las formas de solución del conflicto más frecuentes son el procedimiento abreviado, la suspensión condicional del proceso y juicio oral. Sobre este último se han condenado a 230 personas por delitos federales y se han absuelto a 79.
En los Centros de Justicia Penal Federal existen 22 mil 888 personas imputadas, de las cuales mil 863 son mujeres y 640 personas pertenecen a alguna comunidad indígena. El informe también refiere que 84.2% de los imputados tienen entre 18 y 44 años, 97.6% son de nacionalidad mexicana y tan sólo uno de cada diez tiene antecedentes penales.
Hasta el lunes, han ingresado a los 37 penales federales del país 32 mil 140 asuntos. Para ello se han celebrado 41 mil 103 audiencias cuya duración promedio por cada una es de 1 hora 13 minutos, aunque esto depende del tipo de audiencia, pues una de vinculación a proceso puede alcanzar hasta ocho horas.
