Por las denuncias que ha presentado ante la Fepade la Fiscalía General del Estado de Chihuahua por el desvío de 14 millones de pesos en 2015 para utilizar el dinero en las campañas del PRI; esta dependencia federal solicitó a un juez la orden de aprehensión contra el ex gobernador César Duarte Jáquez, que no se presentó ayer al juzgado en la ciudad de Chihuahua, donde era requerido para ser interrogado sobre este tema.
La solicitud de orden de aprehensión contra el ex gobernador fue al Juzgado Tercero de Distrito de la ciudad de Chihuahua, por no comparecer a la audiencia solicitada por el juez y la Fepade para declarar sobre la acusación de retener dinero a empleados del gobierno estatal para entregarlo al PRI, lo que constituye el delito de peculado.
Por este motivo, la tarde de ayer se presentaron cuatro ex funcionarios que también estaban citados: Pedro Mauli Romero, ex tesorero del PRI estatal; Jesús Olivas, ex director de Egresos, Ángel Mezquitic, ex director de Programación y Control de Pagos, y el ex secretario Hacienda, Ramón Herrera.
Durante esa audiencia que concluyó en la noche, el juez no fijó fianza ni medida cautelar alguna para los comparecientes, que deberán presentarse el próximo martes 27 de junio para la audiencia de vinculación a proceso.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, el gobierno ha presentado varias denuncias ante la Fepade (Fiscalía Especializada de Delitos Electorales), por un monto superior a los 80 millones de pesos, derivados del descuento de cuotas a los trabajadores y empleados del gobierno y entregados al PRI.
La solicitud para presentar al ex gobernador César Duarte Jáquez deriva de que debía presentarse a audiencia ayer en la capital de dicho estado; sin embargo, no lo hizo, y ahí le sería presentada la acusación por el delito de peculado electoral por 14 millones de pesos, acusación que sostuvo la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales de la PGR.
Según información de la Fiscalía, se presume que el ex gobernador se encuentra en la ciudad de El Paso, Texas, por lo que se pidió librar la orden de arresto para traerlo de regreso al país y que comparezca ante la justicia federal, según revelaron de forma extraoficial abogados de los tribunales federales, tras una audiencia privada posterior a la de la formulación de imputación.
La Fepade sustentó la acusación con documentación de la forma en que se hacían retenciones del 5 por ciento del salario de los trabajadores del Gobierno del Estado en el pasado sexenio, mediante un sistema informático con el que se dispersaba la nómina pública, propiedad de la Secretaría de Hacienda Estatal, lo que se considera una violación a la legislación electoral vigente, debido a que se distraen activos gubernamentales a favor de un partido político.
Además, la Fepade acusó a Duarte de instruir dichas retenciones, también ilegales, y ordenar que el producto de las mismas se entregara al PRI Estatal en efectivo, lo que contraviene disposiciones de las leyes electorales, debido a que, al ingresar los recursos de esta forma a los partidos, no se registran oficialmente en sus cuentas y balances.
En audiencia privada, la Fepade notificó a Sáenz Torres, en funciones de juez de control, de la imposible localización de Duarte Jáquez y la necesidad de detenerlo para formularle la acusación y someterlo a un proceso penal. Ni el juez federal ni la Fepade tienen obligación de hacer pública la orden de aprehensión, pero ésta se consideró inminente.
Junto con Duarte Jáquez, son acusados Jaime Herrera, ex secretario de Hacienda; Gerardo Villegas, ex director general de Administración, actualmente con prisión preventiva en el Cereso de Aquiles Serdán acusado de peculado; el ex director de Egresos, Jesús Olivas Arzate; el ex jefe de Programación y Control de Pagos y Seguimiento Financiero, Ángel Mezquitic Aguirre; y Adrián Dozal Dozal, ex director de Recursos Humanos.
También son señalados Karina Velázquez, ex presidenta estatal del PRI y actual diputada local, que al tener fuero legislativo no puede ser procesada hasta que se proceda a retirarle la protección constitucional; y el ex secretario de Finanzas del PRI estatal, Pedro Mauli Romero Chávez.
De los ocho señalados por la Fepade, sólo asistieron cuatro: Herrera Corral, Jesús Olivas, Miguel Ángel Mezquitic y Adrián Dozal, sobre quienes el juez no fijó medidas cautelares.
Con información de La Jornada
